El Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 ayuntamientos, ocho de ellos canarios, que retiren los vestigios franquistas que todavía permanezcan en sus espacios públicos, como las 1.171 calles y plazas que conservan nombres de figuras del franquismo.
Justicia ha informado en un comunicado de esta petición de la Dirección General para la Memoria Histórica, que también se ha dirigido a los gobiernos autonómicos para que verifiquen la eliminación en sus territorios de elementos de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura.
Los ayuntamientos canarios que han recibido este apercibimiento son los de Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, por la provincia de Las Palmas, y los de San Juan de la Rambla, Garachico, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Los Llanos de Aridane y El Tanque, por la de Santa Cruz de Tenerife.
La solicitud, explica Justicia, se ampara en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y del trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre a 1.171 plazas y calles españolas repartidas en más de 637 municipios.
A ese censo, la Dirección General de Memoria Histórica ha incorporado otras 19 localidades en las que, según su propia información, también pudieran quedar otros vestigios de exaltación de la Guerra Civil u homenaje al franquismo.
El ministerio señala que todos esos gobiernos municipales han recibido una carta del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, que solicita certificación sobre «la no existencia de simbología de exaltación en su municipio» y, en caso de que la hubiera, «proceda a dar cumplimiento» a la ley de Memoria Histórica.
De esta forma, insta a elaborar un catálogo de vestigios municipal, «con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura».
También recuerda el director general que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 7 de junio de 2013 estableció que «el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas a adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil».
El objetivo es dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió la Constitución, añade el artículo que establece también que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».
Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
La sentencia del Supremo rechazó un recurso contra la retirada de la estatua ecuestre del dictador Franco de la madrileña plaza de San Juan de la Cruz.