Cientos de jueces y fiscales han parado este miércoles ante las sedes judiciales de toda España para reflejar su oposición frontal a las reformas de la Justicia emprendidas por el Gobierno. En el comunicado conjunto de cinco de las siete asociaciones profesionales, leído durante el paro de 10 minutos, han denunciado que la independencia judicial «está bajo amenaza» con esos cambios legales, cuya retirada reclaman.
Jueces y fiscales en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se han sumado este miércoles a los paros que se han realizado en diferentes sedes judiciales del territorio nacional porque admiten que la independencia judicial está «bajo amenaza» por las recientes iniciativas legislativas.
Han añadido que la tramitación de los cambios legislativos está teniendo lugar «en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».
Así lo han sostenido al frente de los jueces y fiscales que han parado los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
«No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales», han añadido.
Las concentraciones han llegado al Tribunal Supremo, a cuya puerta han acudido decenas de magistrados y fiscales. Las asociaciones convocantes han resaltado que se trata de la primera vez que los magistrados que están en la cúspide del poder judicial se suman a una protesta.
A los del Supremo les han acompañado magistrados de la Audiencia Nacional -situada a pocos metros-, incluido su presidente, Juan Manuel Fernández. Precisamente ayer la Sala de Gobierno del Supremo, que incluye a los presidentes de las cinco salas, acordaron comunicar al Gobierno y las cortes su preocupación por unas reformas que no resuelven ninguno de sus problemas específicos y crea uno general al abrirse la mano al acceso de la carrera.
Una de las sedes que ha vivido la protesta fue sido la de la Fiscalía General del Estado, sacudida estos días por la decisión del TS de proponer el enjuiciamiento del fiscal general, Álvaro García Ortiz.