Después de conocer las recientes pretensiones del Gobierno de Canarias de regular la edificación de determinada tipología de vivienda en suelo catalogado como rústico en las Islas, más allá del actual desarrollo de los distintos instrumentos de ordenación local, allí donde están aprobados, como es el caso de la capital de Fuerteventura, estaríamos asistiendo a una situación de incertidumbre que supone una clara amenaza para el equilibrio entre los diferentes elementos que componen el espacio integral de nuestra jurisdicción municipal y nuestra sostenibilidad territorial.
No obstante, la hipotética aprobación de esa medida gubernamental supondría la puerta a la definitiva y abierta depredación y agresiva explotación del territorio, siempre limitado debido a su frágil carácter insular. Antes de optar por esa vía, siempre, primeramente, se deben anteponer dichos planes municipales, y, en todo caso, establecer su armonización respecto de las líneas de actuación regional que nunca deberían imponer parámetros de ordenación que repitan estándares erróneos como los que se adelantaron con los seudo parques energéticos que han supuesto una desafortunada ausencia de regulación en este ámbito.
Es evidente que ese indeseado impuesto marco de regulación territorial que pretende el Gobierno de Canarias en el contexto rural, vendría a degradar la calidad de vida de esos mismos espacios antropizados que, debido a su evolución socioeconómica de décadas de asentamiento, se someterían a una alteración que desfiguraría y desnaturalizaría su conformación.
Sin obviar la necesaria solución a las actuales necesidades de vivienda en régimen de alquiler tradicional o compra asequible, la alternativa ahora requerida desde el Gobierno de Canarias soslaya las importantes bolsas de suelo existentes en los cascos urbanos aptos para ello. No se puede poner el foco en los suelos vírgenes rurales y dejar atrás los más proclives a la perentoria demanda habitacional que deben encontrar asiento en los heterogéneos espacios urbanos que pueden crecer y que han de completarse sin alterar sus entornos.
Ni Puerto del Rosario ni Fuerteventura merecen esa deriva que también conllevaría una desfiguración de nuestro entorno rural, tal y como hoy lo conocemos. Es exigible una honda reflexión sobre la regulación de nuestro territorio, al tiempo que el mismo se debe ensamblar en un modelo de isla que nunca se llegó realmente a definir.