Implicación de ayuntamientos para la desalación de agua. Es la petición que ha realizado la máxima institución insular. Porque el Cabildo de Fuerteventura y el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) han mantenido hoy una reunión con representantes de cinco de los seis ayuntamientos de la Isla. El objetivo es coordinar las posibles soluciones que permitan hacer frente a los sobrecostes energéticos que sufre la desalación de agua de mar en Fuerteventura, como consecuencia de la coyuntura internacional.

Entre las medidas a adoptar, los asistentes a la cita han acordado “trasladar la situación de emergencia actual a la Federación Española de Municipios” (FEES). Se procurará “recabar apoyos económicos externos, a través del Gobierno de Canarias y del Gobierno de la Nación, con el objetivo de no repercutir estos sobrecostes en la factura de los abonados”, detalló el presidente del Cabildo, Sergio Lloret.

El crecimiento del valor de la energía provocado por el conflicto bélico de Ucrania ha derivado un incremento de hasta el 300% en la factura energética del Consorcio. Antes rondaba los 5 millones de euros, con las actuales variaciones del precio de la energía ha crecido hasta los 18 millones. Situación que, en palabras de Sergio Lloret, se espera “que sea coyuntural y que vaya desapareciendo”

Según el consejero de Aguas, David de Vera, “en la anualidad 2022, es el propio CAAF quien hará frente a los incrementos de las tarifas, con remanentes de su presupuesto. Sin embargo, de cara a 2023, es necesario que Cabildo y ayuntamientos lleguen a acuerdos».

En este sentido, resulta necesario recordar que el CAAF es una entidad consorciada, entre un 60% que corresponde al Cabildo y un 40% a los ayuntamientos. Por ello, “es fundamental que este esfuerzo se haga de manera conjunta. Buscando medidas urgentes entre todas las administraciones implicadas, ya que se trata de una situación insostenible para la Isla”.

Asimismo, es necesario establecer un frente común para “reclamar medidas alternativas al Gobierno de Canarias y Estado”. 

En este sentido, se exige tanto al ejecutivo autónomo como al central un “mayor compromiso en las ayudas públicas que se destinan a la desalación del agua” en el Archipiélago.