El Gobierno de Canarias quiere asumir plenas competencias en la ordenación y gestión del litoral, pero se ha encontrado con obstáculos en el Ministerio de Transición Ecológica, que, aunque es competente en la materia, ha remitido el asunto al Ministerio de Política Territorial. Este traspaso se acordó previamente entre Canarias y el Ministerio de Política Territorial y se efectuó el 1 de enero. Canarias lucha por control costero.
La reunión planificada para abordar este tema tuvo problemas desde el principio porque el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no asistió, lo que llevó a que el consejero canario de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, tampoco estuviera presente. Se llevó a cabo una reunión a un nivel político inferior con la directora general de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica y el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno canario.
Sin embargo, la reunión no logró avances sustanciales para el objetivo del Gobierno canario. Transición Ecológica indicó que si se pretende profundizar en el decreto de transferencias, la interlocución debe ser con el Ministerio de Política Territorial. Esto se debe a que las competencias se definieron en un decreto de transferencias en aplicación del Estatuto de Autonomía, y cualquier modificación en ese sentido requeriría la intervención del Ministerio de Política Territorial.
Ante esta respuesta, el Gobierno de Canarias planea solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral con el Estado para buscar un punto de entendimiento que permita profundizar en el decreto de transferencias y asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto.
El director general de Costas del Gobierno canario enfatizó la importancia de las costas de Canarias para el desarrollo económico y social de las islas y argumentó que las decisiones relacionadas con su protección y uso deben ser tomadas teniendo en cuenta las singularidades de la región.
Además, esta reunión se llevó a cabo un día después de que un tribunal admitiera a trámite una querella presentada por Riu Hotels & Resorts por un presunto delito de prevaricación contra varios cargos del Ministerio de Transición Ecológica, incluida la directora general presente en la reunión. Sin embargo, en la reunión no se discutió la situación de los hoteles Oliva Beach y Palace Tres Islas en Fuerteventura que están involucrados en este asunto, ya que se considera que los expedientes judiciales deben resolverse en los tribunales y no en este tipo de encuentros políticos. El director general de Costas del Gobierno canario destacó la necesidad de mantener el diálogo abierto para encontrar una solución.