El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias para determinar si hubo responsabilidad contable por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) por el pago durante la pandemia de 4 millones de euros en la compra de material sanitario que nunca llegó a su destino, según informa Canarias7.
En estos momentos la Diligencia Preliminar A50/2022 se encuentra en tramitación en el Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento, según ha confirmado el propio Tribunal de Cuentas, que no facilita mayor información sobre la investigación del caso Mascarillas dado que las diligencias no son públicas.
Al apreciar indicios de responsabilidad contable en el contrato que la Consejería de Sanidad suscribió con la empresa RR7 United SL por un cargamento de mascarillas que nunca llegó al personal sanitario, la Audiencia de Cuentas remitió su informe provisional al Tribunal de Cuentas, como le obliga la ley, aunque el informe no esté todavía aprobado.
La aprobación definitiva se producirá a finales de julio, una vez que se cumpla la ampliación del plazo para la presentación de alegaciones solicitada por el SCS, que inicialmente terminaba el 15 de junio y ha se ha alargado ahora hasta el 30 de ese mismo mes.
La otra vía por la que el caso Mascarillas llegó al Tribunal de Cuentas es a través de la denuncia particular del empresario de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) Juan Manuel Pérez León, quien al analizar los contratos de la Consejería de Sanidad para la compra de material sanitario contra la pandemia detectó presuntas irregularidades en varios contratos, entre ellos el suscrito con la empresa RR7 United SL y presentó denuncia ante el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General de Estado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)_de la Policía Judicial.
La Sección de Enjuiciamiento, en la que está abierto el procedimiento de investigación en fase de diligencias preliminares, ejerce su función de enjuiciamiento contable –como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas junto a la función de fiscalización– respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos, para exigir la responsabilidad contable en la que pudieran haber incurrido.
A partir de ahora el Tribunal de Cuentas seguirá el procedimiento habitual para determinar si los hechos fueran constitutivos de delito, en cuyo caso la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia, o si archiva las diligencias si no encuentra evidencias de responsabilidad contable en la gestión del SCS.
Para ello puede solicitar documentación, reclamar pruebas y preguntar a los interesados. Aunque las diligencias son secretas, en el tablón de anuncios y edictos electrónico del Tribunal de Cuentas se publican los anuncios, acuerdos, resoluciones y comunicaciones que deban constar en aplicación de la normativa.
Fuentes consultadas interpretan que de acuerdo a la forma habitual de actuar, lo más probable es que el Tribunal de Cuentas no adopte una decisión hasta comprobar si la Consejería de Sanidad puede recuperar los 4 millones –ya son 4,8 millones con los intereses de demora– pagados por las mascarillas que nunca llegaron, que están en vía de apremio por la Hacienda canaria.
De recuperarse lo pagado, como el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, mantiene que se logrará ya sea «en dinero o en especies» , se cerrarían las diligencias. Si la vía administrativa culmina sin éxito, será cuando se pronuncie el Tribunal de Cuentas, y en caso de encontrar responsabilidad contable puede pedir el resarcimiento del dinero por parte de los responsables públicos que gestionaron mal los recursos públicos.