Los trabajadores del hotel Oliva Beach, que gestiona la cadena RIU en Fuerteventura, se han reunido con una docena de diputados y diputadas de distintas formaciones políticas en el Congreso de los Diputados (en la foto, con Ana Oramas, de Coalición Canaria) para explicarles su situación tras saber que el Ministerio de Transición Ecológica quiere anular la concesión administrativa a la hotelera. RIU paga cada año 2 millones para gestionar dicho hotel, pero no tiene permiso para remodelarlo y el establecimiento se ha quedado obsoleto.
“Los diputados convocados por esta asociación no conocían los detalles del procedimiento administrativo que pretende acabar con un centro de trabajo que da empleo a medio millar de familias de forma directa e indirecta”, ha explicado el comité de empresa en un comunicado.
Por otra parte, explica el comité, “también hemos entregado a los diputados el informe encargado por el Ayuntamiento de La Oliva, que demuestra el duro golpe para la economía de la isla y que va más allá de los trabajadores del Oliva Beach”.
Por sectores de la economía, defiende el comité, el sector del transporte perdería aproximadamente 4,5 millones; el sector del comercio, perdería un total estimado de 2,3 millones de euros; el sector de la hostelería, que incluye, entre otros, bares, cafeterías y restaurantes, unas pérdidas de 2,2 millones; y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento por los turistas que se han alojado en el Oliva Beach, durante el 2019, se estima en 1,7 millones de euros menos.