El Parlamento de Canarias ha rechazado por mayoría este miércoles la propuesta del PSOE para crear un registro de grandes tenedores de viviendas en las islas, donde hay “al menos 104.417 inmuebles” pertenecientes a personas con más de cinco propiedades y más de “77.613 inmuebles” en manos de personas jurídicas, lo que supone “en torno al 10% de todas las viviendas. El Parlamento rechaza crear un registro de grandes tenedores de viviendas

Estos datos figuran en la proposición de ley presentada por el PSOE para el impulso del derecho a la vivienda en Canarias mediante la regulación de los grandes tenedores y el reequilibrio fiscal que proponía establecer por primera vez en las islas un Registro de Grandes Tenedores de Vivienda y ampliar los derechos de tanteo y retracto de la Administración autonómica sobre sus operaciones de venta.

La propuesta ha sido rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente y también por Vox por considerar que solo aumenta la burocracia y que, en definitiva, no resuelve el problema de la vivienda en Canarias.

El diputado del PSOE Sebastián Franquis ha esgrimido en el pleno del Parlamento que la concentración de vivienda en estos agentes, junto con el incremento de precios y la demanda turística y residencial, hace necesaria la creación del registro y la adopción de medidas que permitan disponer de información y reforzar los instrumentos de la administración para ampliar el parque público.

En su propuesta de ley se definía como gran tenedor a toda persona física o jurídica titular de más de diez viviendas o más de 1.500 metros cuadrados construidos de viviendas, excluyendo garajes y trasteros y también a quienes posean cinco o más viviendas en zonas declaradas de mercado residencial tensionado. Según el PSOE, cuatro personas concentran “620 propiedades” y que 73 sociedades reúnen “más de 19.384 viviendas”.

El texto, que solo ha sido apoyado por Nueva Canarias, establece que todas las transmisiones de viviendas realizadas por grandes tenedores, estén o no inscritos, quedarán sujetas a derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración autonómica, incluidos los supuestos de ventas de participaciones sociales que representen más del 25% del capital de entidades que cumplan la condición de gran tenedor. En caso de ejercicio del derecho de adquisición, las viviendas pasarán a formar parte del parque público.

Asimismo, la propuesta contempla un tipo impositivo del 20% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para adquisiciones realizadas por grandes tenedores, para transmisiones de edificios enteros y para viviendas destinadas o que vayan a destinarse a vivienda vacacional, salvo excepciones como vivienda protegida o alquiler residencial mantenido por quince años.

Franquis ha insistido en que es «imprescindible» la creación de un registro de grandes tenedores debido al incremento de precios que se está produciendo, lo que hace que el PSOE, con esta propuesta, quiera saber cuántas viviendas están en sus manos y en qué municipios e islas. «No es una ocurrencia, es una necesidad», ha afirmado el socialista. Ha explicado que de esta propuesta «solo ordena y regula» y responde «a un mandato social y moral» y tiene el fin de que vivir «no sea un privilegio sino un derecho».

La diputada de CC Socorro Beato ha señalado que la propuesta del PSOE no se sustenta en un análisis riguroso y que el registro de grandes tenedores «solo supone más burocracia para los ayuntamientos» y no tiene «ninguna capacidad» para abordar el problema de la vivienda. «No improvisemos con una ley que no se sustenta en ningún informe jurídico», ha zanjado Beato, quien ha recordado que hay 2.500 públicas en construcción en estos momentos.

Por el PP, Jennifer Curbelo, ha opinado que «la receta de la intervención no funciona«, al tiempo que ha reclamado más seguridad jurídica para poder alquilar una casa en vez de «proteger a los okupas» como ha dicho que hace el PSOE.

Paula Jover, de Vox. ha criticado que la propuesta de ley socialista es «un nuevo castigo a la propiedad privada, a la inversión y a los canarios más vulnerables que buscan un piso donde vivir» y que pretender poner en «una lista negra» a los pequeños patrimonios familiares a los que convierte «en sospechosos».

El Parlamento rechaza crear un registro de grandes tenedores de viviendas