El Parlamento de Canarias convalidó hoy por unanimidad el decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de enero por el que se estableció una moratoria fiscal en el Archipiélago para determinadas obligaciones tributarias, que permitirá una inyección de liquidez de, al menos, 240 millones de euros a pymes y autónomos.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó que la moratoria incluye tres grandes apartados. Uno de ellos consiste en el aplazamiento del pago ordinario del IGIC y del AIEM correspondiente al primer trimestre de este año, que se podrá abonar el próximo 20 de octubre, con independencia de que, llegada esa fecha, se podrá solicitar el fraccionamiento del pago. El segundo bloque permite la ampliación en seis meses de los pagos aplazados o fraccionados. En ninguno de los dos casos anteriores se pagarán intereses. El último de los grandes bloques permitirá el aplazamiento de deudas tributarias que se encuentran en vía ejecutiva. 

Rodríguez recordó que esta es la segunda moratoria fiscal aprobada por el Gobierno para paliar las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 y que el Ejecutivo cubrirá esos 240 millones de euros que costará la medida con una póliza de crédito de 300 millones de euros para no detraer recursos de gasto corriente del presupuesto ordinario ni de las corporaciones locales, pese a que son beneficiarias del 58% de la recaudación por IGIC y AIEM.

El vicepresidente enmarcó este decreto-ley en el paquete de medidas que ha adoptado el Ejecutivo para combatir la crisis económica y que se complementará en breve con la convocatoria de 165 millones de euros en subvenciones para el sector turístico, pymes y autónomos.

La moratoria permitirá también que las empresas puedan estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria canaria, lo cual constituye un requisito necesario para aspirar a las ayudas directas a fondo perdido que el Gobierno de Canarias distribuirá entre el sector turístico y las pymes y autónomos más afectados por la crisis.

Tanto el aplazamiento del pago de tributos como las ayudas directas se sitúan notablemente por encima de la media de las disposiciones adoptadas por las administraciones públicas en España.