La Consejería de Obras Públicas ha esgrimido razones de interés general para desbloquear cerca de 10 millones de euros y así evitar la parálisis que se cernía sobre las carreteras del convenio anterior que aún se están ejecutando, la licitación de nuevas vías y la redacción de proyectos. El departamento que dirige Sebastián Franquis no dispone de cash para pagar certificaciones de obras y justificarlas ante el Estado, con el fin de que las empresas puedan continuar con el desarrollo de las infraestructuras.
Carreteras como la IV fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, un tramo de la LP-2, en La Palma; el enlace Chafiras-Oroteanda en Tenerife o la iluminación de túneles en La Gomera son algunas de las vías que se encuentran pendientes de estos fondos, esenciales para seguir con las obras y poder culminarlas. La segunda fase de la carretera de La Aldea o la continuación del Anillo Insular de Tenerife también se encuentran en esta situación al ser las obras que absorben mayor presupuesto y las vías más importantes del nuevo convenio que entró en vigor en 2018.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la situación de disponibilidad de estos fondos por razones de interés general. La disponibilidad de crédito fue propuesta por la Dirección General de Infraestructura Viaria con un total de 9,7 millones de euros, con el fin de liberar fondos del Estado destinados al actual convenio de carreteras 2018-2027. Según explicó el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, estos fondos no estaban disponibles por aplicación de una disposición de la ley de presupuestos autonómicos que señala que los créditos que cuenten con financiación del Estado figurarán en un 25% en situación de no disponibilidad al principio del ejercicio.