El Gobierno de Canarias rechaza la vuelta al teletrabajo de los funcionarios. La Consejería de Función Pública del Ejecutivo Autonómico no ha admitido la propuesta de los sindicatos para regresar al teletrabajo ante el incremento de los contagios de la sexta ola.

La dirección general mantiene lo dicho en la última resolución aprobada en noviembre en la que se establece que durante la vigencia de la pandemia y siempre que sea compatible con la naturaleza del trabajo, este se podrá desempeñar de forma no presencial una vez a la semana. 

De manera excepcional se añade que se podrán autorizar un mayor número de días atendiendo a razones de organización del personal o limitaciones de espacio que impidan garantizar las medidas sanitarias que requiere el protocolo.

Aún con esto, la Consejería acepta ciertos cambios aunque, la toma de decisiones recae en los responsables de cada Servicio y titulares de los centros de trabajo, encargados de adaptarse al semáforo COVID en cada isla. Además, aseguran que con el nivel 3 en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife en nivel 4, ya se han producido algunos cambios relacionados a las limitaciones de aforos, el tipo de reuniones y la prestación de servicios. A esto se suman las medidas específicas para distintas actividades como las relacionadas con las oficina de archivos, celebración de eventos u oposiciones, entre otras.

El Gobierno de Canarias rechaza la vuelta al teletrabajo de los funcionarios, postura  duramente criticada por CSIF. Entienden que la instrucción debe ser común para todas las consejerías y que debe partir de Función Pública, ya que la disparidad de criterios puede ser objeto de discriminación entre los trabajadores. Tampoco comparten la negativa a potenciar el teletrabajo, teniendo en cuenta que gran parte de la Administración cuenta con los medios necesarios y ayudaría a prevenir contagios.

Desde la secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CC.OO) también criticaban la distensión de las medidas sanitarias en algunos centros y una «falsa sensación de seguridad» percibida también por la parte de los trabajadores. Apuntaban a la necesidad de crear un protocolo consensuado con los comités de salud y seguridad que permitiera dar respuesta a las sucesivas olas de la pandemia y que actualmente ha quedado relegado a un segundo plano.