que, cinco meses después de aprobarse el Plan Canarias para la acogida
de migrantes llegados en pateras y cayucos a las islas, las condiciones
de atención en algunos de sus centros «sigan siendo indignas».

Una delegación de Amnistía Internacional ha visitado esta semana
Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, entrevistándose con decenas de
personas migrantes y solicitantes de asilo, así como con autoridades
estatales y a nivel autonómico e insular, fiscalías territoriales,
colegios de abogados y otras organizaciones, si bien no ha podido
acceder a los centros de las dos primeras islas por motivos sanitarios
alegados por la Consejería regional de Sanidad, según asegura que le han
explicado desde Migraciones.

Amnistía Internacional está realizando un informe detallado de este
viaje, aunque adelanta su preocupación por las condiciones de acogida y
advierte de que «la covid-19 no puede ser una excusa para restringir
derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en
Canarias».

Sobre la situación en Fuerteventura y Tenerife, la investigadora
Virginia Álvarez «confirma las informaciones sobre las malas condiciones
de acogida en los centros de emergencias».

Lamenta que no hayan podido visitar los macrocentros de El Matorral
(Fuerteventura) y Las Raíces (Tenerife), pero señala que la información
que han recabado «también confirma las graves carencias que tienen, ya
que no se garantiza, en muchos casos, una acogida en condiciones dignas».

«Es urgente que se tomen medidas para garantizar condiciones de vida
digna y que se vele tanto por su bienestar físico como mental», explica.
Según Álvarez, «ha sido especialmente alarmante observar las condiciones
en las que se encuentra el lugar donde tanto las personas que han dado
positivo en covid como sus contactos directos pasan la cuarentena en
Fuerteventura», la denominada Nave del Queso.

«Es un lugar que no reúne las mínimas condiciones sanitarias necesarias;
hombres, mujeres y niños permanecen en condiciones deleznables, sin
mínimas medidas de higiene, privados de libertad, hacinados, en unas
circunstancias que para la organización podrían considerarse de
infrahumanas», asevera.

Además, reclama con urgencia que los recursos habilitados para las
personas con especial vulnerabilidad, como mujeres que han sido víctimas
de violencia de género, posibles víctimas de trata, menores no
acompañados, personas LGBTI, personas que han sufrido tortura y familias
monomarentales, garanticen una atención especializada.

En relación a los niños y niñas, la ONG considera que «las autoridades
deben evaluar si se están adoptando las medidas adecuadas que garanticen
el bienestar integral que todo menor requiere sin ningún tipo de
discriminación».

Y plantea su traslado a recursos adecuados, ya sea en Canarias o en
cualquier otra comunidad autónoma.

«Es necesaria una mayor coordinación entre las diferentes
administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y local,
asegurando criterios homogéneos que eviten la arbitrariedad en las
distintas fases de atención y protección a las personas migrantes y
refugiadas, especialmente para aquellos casos en los que se están
llevando a cabo buenas prácticas», asevera.

Con respecto a Gran Canaria, considera positivo que se hayan realizado
mejoras en su centro de emergencias en relación a la acogida, pero cree
que debe dotarse de suficiente personal para asegurar que se cubre el
derecho a información, asistencia letrada o psicológica, si la
requieren, de sus usuarios.