Asamblea Majorera – Coalición Canaria La Oliva considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha anulado la ordenanza de la tasa turística de Mogán, debe servir para abrir un nuevo escenario de trabajo entre la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los municipios turísticos del Archipiélago.

Para la formación nacionalista, el fallo judicial no pone fin al debate sobre la tasa turística, sino que evidencia la necesidad de que la consejera autonómica impulse un marco jurídico claro que permita a aquellos ayuntamientos que lo consideren oportuno disponer de esta
herramienta con todas las garantías legales.

Del mismo modo que se ha avanzado en la regulación de la vivienda vacacional, desde AM- CC La Oliva consideran que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias debe abordar esta cuestión. En este sentido, y teniendo en cuenta las competencias del departamento,
entienden que es el interlocutor más adecuado para coordinar, junto a los distintos municipios del archipiélago, una estrategia común que dé respuesta a esta realidad.

La propuesta del partido plantea impulsar un documento consensuado entre los ayuntamientos y el propio Gobierno de Canarias que establezca un marco jurídico específico, capaz de regular y proteger a los municipios con mayor presión turística, dotándolos de herramientas para afrontar los retos derivados de esta situación.

Asamblea Majorera – Coalición Canaria recuerda que el Ayuntamiento de La Oliva fue el segundo municipio de Canarias en abrir este debate con rigor, encargando un estudio económico y jurídico para analizar la viabilidad de una tasa turística municipal antes de adoptar cualquier decisión.

“Desde el primer momento, el objetivo fue estudiar una fórmula que permitiera contribuir a financiar los servicios públicos, la conservación del territorio y las infraestructuras que utilizan millones de visitantes cada año, siempre desde el máximo rigor técnico y jurídico”, apuntan.

Lejos de plantear una medida improvisada, el grupo de gobierno defendió desde el inicio que cualquier decisión debía sustentarse en informes técnicos, económicos y legales que garantizaran su viabilidad. Precisamente por ello, la sentencia conocida ahora confirma que los municipios no pueden afrontar en solitario un asunto de esta complejidad.

“Lo que demuestra esta sentencia es que hace falta un marco jurídico claro. Si queremos que los municipios turísticos dispongan de herramientas para afrontar el enorme esfuerzo económico que supone atender a millones de visitantes cada año, la consejería de Turismo debe asumir esta tarea y ofrecer una solución con todas las garantías”, señalan desde el partido.

En este sentido, AM-CC La Oliva reclama a la consejera de Turismo, Jéssica de León, el respaldo necesario para impulsar el procedimiento que permita dar respuesta a la elevada presión turística que soportan algunos municipios de Canarias. La formación considera imprescindible “dotar de un marco jurídico a aquellos ayuntamientos que han manifestado su voluntad de implantar una tasa turística, garantizando que puedan hacerlo con plena seguridad y respaldo legal”, al tiempo que insiste en que “la Consejería de Turismo debe asumir un papel activo y de liderazgo en esta cuestión”.

Según subrayan desde Coalición Canaria La Oliva, “la sostenibilidad no puede quedarse únicamente en el discurso”. “Si hablamos de controlar el crecimiento, de proteger el territorio y de garantizar un modelo turístico equilibrado, también debemos dotar a los municipios de herramientas para hacerlo posible”, agregan.

Desde Asamblea Majorera – Coalición Canaria recuerdan que municipios como La Oliva soportan una presión diaria muy superior a la que reflejan sus cifras de población. Servicios como la limpieza, la seguridad, el mantenimiento de espacios públicos, la movilidad o la conservación del litoral deben dimensionarse para atender no solo a los vecinos, sino también a decenas de miles de visitantes que disfrutan el destino durante todo el año.

En este sentido, la formación recuerda que el propio alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, ya había explicado que un municipio de poco más de 30.000 habitantes presta servicios diariamente a cerca de 60.000 personas, una realidad que obliga a buscar nuevas vías de financiación para mantener unos servicios públicos de calidad sin que ese esfuerzo recaiga exclusivamente sobre los residentes. Bajo esa premisa nació el estudio de la tasa turística impulsado por el Ayuntamiento para que quienes disfrutan del destino puedan contribuir
también a su mantenimiento.

AM-CC insiste en que no se trata de poner obstáculos al turismo, sino de reforzar un modelo más sostenible, donde la actividad turística continúe generando riqueza y empleo, pero también contribuya de manera equilibrada al mantenimiento de los espacios públicos y los servicios municipales que utiliza.