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    Canarias da luz verde al decreto de medidas urgentes para la vivienda

    Publicada el

    El pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles el decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno de Canarias, pero los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias han votado divididos la posibilidad de que el Parlamento lo tramite como proyecto de ley, una opción apoyada por PSOE, NC, Vox y ASG y que han impedido los votos de CC, PP y AHI.

    En lo que no hubo diferencias entre los cuatro grupos del Gobierno fue en su apoyo, junto a Vox, a la convalidación del decreto, justificado por la necesidad de edificar viviendas ante la emergencia habitacional, mientras PSOE y NC lo rechazaron al considerar que se busca favorecer el negocio de la construcción por encima del planeamiento territorial.

    De esta manera, el decreto fue convalidado por 41 votos a favor (de CC, PP, Vox, ASG y AHI) y 27 en contra (PSOE y NC), mientras que se rechazó tramitarlo como proyecto de ley por 37 votos en contra (CC, PP y AHI) y 31 a favor (PSOE, PP, Vox y ASG).

    Melodie Mendoza, de ASG, justificó el desmarque de su grupo de sus socios en el Gobierno con el fin de abrir la posibilidad a que los grupos parlamentarios pudieran incorporar mejoras al decreto del Gobierno.

    El decreto fue defendido ante el pleno por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, quien lo justificó porque ante el problema de acceso a la vivienda hay que hacer “algo distinto” en vista de que, según afirmó, el anterior Gobierno no hizo nada.

    Ahora se va a incrementar la disponibilidad de suelo para edificar, se permite a los ayuntamientos disponer del suelo rústico no planificado como suelo urbanizable, se impulsa la vivienda protegida, se simplifican los trámites para la construcción, se recuperan edificaciones ya existentes y se permite la transformación de locales y oficinas en viviendas dignas, explicó.

    “Buscamos incentivar al sector privado a construir vivienda protegida y facilitar y agilizar el proceso de construcción de vivienda pública”, resumió.

    Aseguró que el decreto ley del Gobierno, ya convalidado como Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, ni vulnera la autonomía municipal ni es inconstitucional, y destacó que la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de todo color político lo respaldan.

    Rodríguez anunció que, además de este decreto, el Gobierno tiene previstos otros proyectos, como actuar para sacar al mercado viviendas vacías y elaborar un plan de vivienda joven.

    La diputada del PSOE Patricia Hernández contestó que “sólo hay que ver quién aplaude con las orejas”, en referencia a los empresarios de la construcción, “para saber a quién beneficia este decreto”, con el que “solo se atiende a los que quieren hacer negocios” y no a las personas que necesitan una solución a los problemas para acceder a una vivienda.

    “Los que redactaron el decreto están por encima de la ley del suelo, del impacto ambiental y del planeamiento”, ya que no se ponen soluciones para sacar la vivienda vacía al mercado, ni hay límites al precio del alquiler, ni trabas al alquiler vacacional, ni se condiciona ninguna actuación a que haya equipamientos y servicios públicos.

    Luis Campos, de Nueva Canarias, consideró que no se necesita más vivienda “para la especulación inmobiliaria y el negocio”, sino vivienda social y vivienda protegida.

    Este decreto “se ha redactado en un chalé con piscina” con los empresarios de la construcción e inmobiliarios “como únicos interlocutores”, a espaldas de la ciudadanía y del Parlamento, denunció.

    Para Campos, es una norma “desarrollista que se lleva por delante el planeamiento”, sin límites y sin estudios previos, de manera que donde estaba prevista una escuela, un centro de salud o una instalación deportiva ahora se podrán hacer edificios, profundizando en el modelo de “ciudades y barrios hacinados, sin servicios ni calidad de vida”.

    La diputada de Vox Paula Jover apoyó el decreto porque se necesita un cambio en la política de vivienda, pero defendió sin éxito su tramitación como proyecto de ley porque hay cuestiones inquietantes, como que no se ponga límites a la vigencia de la situación de emergencia a pesar de que se deja de un lado el planeamiento.

    También Melodie Mendoza, de ASG, reclamó el trámite parlamentario para el decreto, si bien apoyó la nueva normativa porque introduce medidas para el acceso a la vivienda y plantea sinergias entre Gobierno, ayuntamientos, cabildos e iniciativa privada.

    No obstante, consideró “injusto” que el Gobierno de Canarias actual no reconozca el camino recorrido por el anterior ejecutivo, que promovió el plan canario de vivienda en marcha.

    El diputado de CC José Javier Pérez Armas afirmó que con este decreto el Gobierno da soluciones para las personas más desfavorecidas.

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