La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha constituido oficialmente este viernes, 13 de enero, la Comisión Mixta sobre los afectados por la Ley de Costas, cumpliendo así con un protocolo de cooperación firmado en el año 2016 por el Ejecutivo con las distintas plataformas implicadas.
El encuentro contó con la presencia del consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena; el viceconsejero de Planificación Territorial, Leopoldo Díaz; el director general de Ordenación del Territorio, Víctor Navarro; y representantes de la Fecam, la Fecai, la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, la Asociación de Vecinos Unidos de la Playa de Tufia y la Asociación Vecinal ‘Playgarza’.
Valbuena explicó en el inicio de la reunión, que el motivo de la convocatoria de esta Comisión a principios de año atiende a la intención de hacerla coincidir con el momento en el que se asumen oficialmente las nuevas competencias de Costas por parte de este departamento autonómico, “igualándonos con otras comunidades y haciendo cumplir nuestro Estatuto de Autonomía”.
Además, el consejero regional avanzó que por parte del Gobierno se realizará un encargo para el estudio pormenorizado de todos los núcleos poblacionales afectados por esta legislación de Costas, analizar el número total de expedientes y evaluar la situación legal y estructural de cada caso, teniendo también en cuenta el perfil social de la ciudadanía que allí se encuentra, infraestructuras disponibles, etc.
El presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, recordó que existe una modificación del año 2013 que contempla una serie de excepciones que se deberían analizar desde el punto de vista jurídico, pero que hasta el momento no han sido atendidas por el Estado para poder desafectar determinados enclaves costeros.
Leopoldo Díaz aprovechó la ocasión para exponer cómo se ha producido este traspaso, cómo se están reorganizando los efectivos traspasados por el Ministerio competente y los recursos propios que se han implementado por parte de la Consejería, los primeros pasos que ya se están dando desde que se asumieron las competencias el pasado 1 de enero y los distintos expedientes que aún están pendientes de recibir información complementaria por parte del Estado.