Booking ha eliminado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, la mayoría ubicados en las Islas Canarias, después de un primer requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, informando de la detección de publicidad ilícita en su plataforma e instando a su retirada. Además del archipiélago canario, la compañía estadounidense ha retirado anuncios que se localizan en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.

En un comunicado, el departamento ministerial dirigido por Pablo Bustinduy ha puesto en valor la colaboración con la empresa tras el envío de esta solicitud para que los anuncios se ajusten a la legalidad vigente. Además, el ministro ha denunciado que «la proliferación indiscriminada» de este tipo de alojamientos es una de las causas que hay tras las «dificultades» en el acceso a la vivienda en España, especialmente en zonas con mayor afluencia de turistas.

Esta acción de Consumo se produce una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitiera un segundo auto en el que desestimó el recurso de reposición de Airbnb y respaldó la retirada de 5.800 anuncios en esta plataforma.

Como respuesta, Airbnb defendió que el nuevo auto de la justicia es una «resolución preliminar» que «no entra en el fondo del caso». La firma considera que las acciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 van «en contra» de la normativa española aplicable.

En mayo, Consumo instó a la compañía al bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas. En concreto, esta retirada de anuncios corresponde a la primera de un total de tres requerimientos.

Infracciones de ambas plataformas, según Consumo

Tanto los anuncios ilegales eliminados por Booking, como los denunciados a Airbnb, cometen una de tres posibles infracciones, según ha reiterado el Ministerio de Pablo Bustinduy.

En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que «puede inducir a error o a engaño» a los consumidores.