Hasta 621 presentaciones de medicamentos tienen problemas de suministro sobre un total de 32.299, es decir, hay desabastecimiento en el 3,42%, un 31% más que en el semestre anterior, según datos del último informe de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).
Según el Centro de Información online de Medicamentos Autorizados de la AEMPS, la última presentación que ha registrado problemas de suministro son las suspensiones pediátricas orales de Amoxicilina debido a un incremento de demanda por la alta incidencia de infecciones respiratorias y la coincidencia de problemas de producción en los laboratorios afectados -Norman y Sadoz-.
Otra presentación que ha dado problemas en los últimos días ha sido la de codeína en jarabe. El uso habitual de esta presentación es como antitusígeno en pediatría, también vinculado al aumento de enfermedades respiratorias en este mes. En su informe, la AEMPS recuerda que se puede recurrir a otros medicamentos con el mismo principio activo y la misma vía de administración.
En el informe, la Agencia del Medicamento subraya que un laboratorio farmacéutico está obligado a informar si percibe que puede producirse cualquier restricción anormal en el suministro e igualmente las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas colaboran en la detección de estos problemas. Y, en última instancia, la AEMPS es el organismo encargado de tomar medidas para que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento.
En un comunicado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado este martes el creciente desabastecimiento de medicamentos y ha alertado, en concreto, de la falta de amoxicilina pediátrica, problemas de suministro, dice, «que duran más de una semana».
La OCU ha pedido transparencia pública sobre los motivos de los desabastecimientos y ha abogado por impulsar estrategias de producción pública de medicamentos y terapias esenciales aprovechando los recursos propios del Sistema Nacional de Salud.
Además, ha instado al Ministerio de Sanidad a desarrollar una «política más dura» de sanciones para quienes incumplen los compromisos de abastecimiento.