Desde la Asamblea Popular de Fuerteventura «nos oponemos a que
Fuerteventura se convierta también en isla-prisión de migrantes y por esto rechazamos la
reapertura de un espacio tan indigno como lo es el CIE de El Matorral, ya que eso
significa aislar a los migrantes sin haber cometido delito alguno, lo cual atenta contra sus
derechos. Creemos que el cabildo y los ayuntamientos deben de oponerse a esta política
migratoria y contribuir a una solución democrática que, innegablemente, pasa por
permitirles continuar su ruta migratoria».
En un comunicado indican varios puntos:
1. Que el origen de la actual situación de bloqueo y encierro de los inmigrantes en
Canarias se encuentra en las políticas racistas del gobierno del Estado español y de la
Unión Europea. El hacinamiento y el encarcelamiento de las personas inmigrantes que
estamos viviendo en nuestro territorio son fruto de una decisión política del actual
gobierno español, con la connivencia de la Unión Europea y la permisividad del gobierno
autonómico canario y administraciones insulares y locales, que se niegan reiteradamente
a permitirles a los inmigrantes continuar su ruta migratoria hacia Europa. Además, el
actual ministro de Interior es responsable de la reactivación de la ruta canaria tras
militarizar en el 2019 el Estrecho y el Alborán y por ello les señalamos como el
responsable político de la muerte de más de 1.800 personas que a lo largo del año 2020
trataron de llegar a nuestras costas pues la ruta canaria presentó el 85% de las muertes
de inmigrantes africanos.
2. La complicidad y silencio de las instituciones insulares, locales y del gobierno de
Canarias, que no están oponiéndose a que el Archipiélago se convierta en una cárcel de
inmigrantes, la más grande de la historia de España, de hecho llevamos una semana
oyendo al presidente canario, que presume de ser parte de una coalición progresista,
amenazando al gobierno español con revelarse contra esta política migratoria, sin
embargo no vemos actos en este sentido. Es más, lo que vemos es que ha rebajado
mucho el tono, y ahora ya ni se plantea una oposición real y efectiva a estas criminales
políticas racistas. Y, por si fuera poco, el gobierno de Canarias a dejado a muchas
personas migrantes sin ningún asesoramiento jurídico, como denunciaron algunas
abogadas en Tenerife, impidiéndoles conocer y ejercer sus derechos.
3. La política imperialista del gobierno español, que presiona y extorsiona a países
africanos para arrancarles acuerdos de deportación de inmigrantes. En la actualidad
España tiene acuerdos de devolución con Gambia, Marruecos, Mauritania y Senegal, y
algunos permiten a España expulsar migrantes a algunos de estos países aunque no
sean nacionales de dichos países, basándose solo en que durante la ruta migratoria
hayan pasado por éstos, dejándolos en multitud de casos en una situación de gran
indefensión. Pero, además, el gobierno español está incrementando la presencia policial y
militar en los países con los que firman acuerdos migratorios, y no debe de olvidarse que
la participación militar española en la guerra de Mali no ha dejado de crecer desde el año
2012, país del que provienen muchas de estas personas en calidad de desplazados y
refugiados a causa del conflicto bélico.
4. Que la gestión migratoria del gobierno español se basa en la violencia y
arbitrariedad sistemática contra los inmigrantes, incumpliendo incluso su propia
legislación. Un ejemplo es que se les impide viajar incluso si tienen pasaporte vigente,
llevando a cabo redadas policiales racistas en los aeropuertos para evitar que los
inmigrantes puedan salir de nuestras islas. Estas políticas consisten en impedirles salir de
Canarias, recluirles en CIEs o campamentos inhumanos y expulsarlos del Estado español.
El gobierno progresista para garantizar la España fortaleza nos convierte en cárcel de
inmigrantes y desde aquí se les expulsa. Precisamente por ello a los inmigrantes se les
tiene aquí sin ofrecerles actividades culturales, deportivas o formativas de ningún tipo, ya
que así algunos de ellos para matar el tiempo acaban consumiendo alcohol, metiéndose
en problemas y se han producido ciertos conflictos entre inmigrantes y población local
que, tras ser mediatizado, son utilizados por las autoridades para legitimar el aumento de
las deportaciones, expulsiones y devoluciones.
5. Que se ha normalizado la implementación de campamentos vergonzosos e
inhumanos, en los que se hacinan a los inmigrantes en condiciones infrahumanas.
Primero fue en Arguineguín, donde Human Rights Watch documentó y denunció que este
campamento violaba sistemáticamente los derechos básicos del ser humano. Luego fue
Barranco Seco, donde se impedía el acceso a los medios e incluso a eurodiputados como
denunciaron EH Bildu y otros partidos políticos, y fue el juez de control del CIE de Gran
Canaria, Arcadio Díaz Tejera, junto a unos empleados sanitarios del campamento quienes
confirmaron a la prensa las condiciones inhumanas de esta «alternativa a Arguineguín».
Luego fue en Las Raíces, con condiciones terribles de frío y de nuevo condiciones
indignas e infrahumanas, y mas tarde en el Canarias 50, campamento del que presumía
el sr. Escrivá en el momento de su apertura, hasta que el reportaje del diario El Español
desveló que los inmigrantes se quejaban de que les entraba aguas fecales en las tiendas
y dormían a ras del suelo, que la comida no era caliente y que pasaban hambre y frío, etc.
Cabe recordar que según la legislación vigente, las personas migrantes no deberían pasar
más de 72 horas en estos campamentos, y la gran mayoría de las veces exceden este
tiempo, y en otras les sueltan y les dejan completamente abandonados sin alternativa
habitacional, sin campacidad económica para comer, etc.
6. La impunidad de la que goza el Régimen español, que puede llevar a cabo estas
políticas sin que nadie sea responsabilizado y juzgado por ello. El caso de El Tarajal se
archivó con la excusa de que faltaban pruebas, sin embargo, en Canarias hay pruebas de
sobra que certifican y demuestran la violación sistemática de derechos humanos, desde
las presentadas por el juez Díaz Tejera, quien judicializó la cuestión, hasta de Human
Rights Watch, sin embargo la jueza Yanira del Carmen González archivó el caso y
rechazó que haya delito en el trato deplorable que están recibiendo los inmigrantes
hacinados. Se ve que en la España «democrática» se pueden violar Derechos Humanos
sistemáticamente durante meses a la vista de todos impunemente.
Además, desde la Asamblea Popular de Fuerteventura nos oponemos a que
Fuerteventura se convierta también en isla-prisión de migrantes y por esto rechazamos la
reapertura de un espacio tan indigno como lo es el CIE de El Matorral, ya que eso
significa aislar a los migrantes sin haber cometido delito alguno, lo cual atenta contra sus
derechos. Creemos que el cabildo y los ayuntamientos deben de oponerse a esta política
migratoria y contribuir a una solución democrática que, innegablemente, pasa por
permitirles continuar su ruta migratoria.