Aprobado el Real Decreto de traspaso de Costas a Canarias. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se traspasan funciones y servicios de la Administración General del Estado (AGE) a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral. La norma aprobada por el Gobierno de España, que llega tras el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Transferencias del 27 de julio de 2022, contempla que dicho traspaso de funciones y servicios será efectivo el 1 de enero de 2023, como fue acordado por ambas administraciones.
Tal y como recoge este acuerdo se traspasan a Canarias, en el marco de la legislación establecida por el Estado, las autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial (zonas de fondeo, pantalanes flotantes y usos análogos); autorizaciones de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.
Asimismo, serán competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias las obras y actuaciones en el litoral canario que no sean de interés general, y la participación en la planificación y programación de obras de interés general en el litoral canario, mediante la emisión de informes y su ejecución y gestión en los términos del convenio suscrito con la Administración General del Estado.
Funciones que conserva el Estado
Continuarán en el ámbito de la Administración General del Estado con respecto a las funciones traspasadas la función de emitir informe preceptivo,
especialmente en relación con la garantía de la integridad física y del uso
público del dominio público marítimo-terrestre. Aprobado el Real Decreto de traspaso de Costas a Canarias.
La Administración General del Estado se reserva asimismo las funciones de
fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio
público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos
económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio
público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad
Autónoma de Canarias para establecer otros gravámenes.
El Estado finalmente seguirá ejerciendo la función de rescate de las
concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general
vinculada a su ámbito de competencias así lo exija.
Funciones concurrentes de la AGE y de la Comunidad Autónoma de
Canarias
En cuanto a las funciones en las que han de concurrir la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, el Acuerdo de
traspaso prevé medidas de coordinación para el mejor cumplimiento de las
funciones de ambas Administraciones, particularmente en materia de
utilización y gestión del dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de su titularidad; emisión
de informes de la Administración General del Estado sobre el cumplimiento del
régimen general del dominio público marítimo-terrestre en los planes y normas
de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico; inversiones en obras de
interés general; remisión de datos; y sistemas de información.