El Ayuntamiento de Antigua ha manifestado de nuevo su oposición a la instalación de una antena de telecomunicaciones próxima a viviendas en uno de sus núcleos urbanos, aunque deja claro que no adoptará ninguna medida que no esté amparada por el marco legal vigente. Antigua insiste en su rechazo al emplazamiento actual de la antena pero sin vulnerar la legalidad.
Así lo aseguró el alcalde del municipio, Matías Peña, tras reunirse este miércoles con el abogado que representa a un grupo de vecinos afectados por la cercanía del emplazamiento elegido por la empresa operadora. En el encuentro, en el que también participaron varios concejales del grupo de gobierno, se abordó la posibilidad de emprender acciones legales conjuntas para frenar el proyecto.
No a decisiones fuera del marco legal
Durante la reunión, Peña subrayó que el equipo técnico y jurídico del consistorio será quien determine la viabilidad legal de cualquier medida. En este sentido, el alcalde dejó claro que no firmará ninguna resolución que no cuente con el respaldo jurídico necesario. Invitó, no obstante, a cualquier concejal que tenga una opinión diferente a firmar por su cuenta la paralización de la obra, si considera que existe fundamento legal para hacerlo.
El Consistorio ya logró evitar en el pasado la instalación de infraestructuras similares en otros puntos del municipio, proponiendo alternativas a las ubicaciones inicialmente previstas por las compañías. Ahora, en el caso actual, sigue trabajando en la búsqueda de opciones viables que respeten la legalidad y al mismo tiempo respondan a las preocupaciones vecinales.
Competencia estatal
Uno de los principales obstáculos para el Ayuntamiento es el respaldo normativo que otorga la legislación estatal de telecomunicaciones a este tipo de infraestructuras. Desde la administración local se reconoce que esta normativa limita el margen de maniobra de los gobiernos municipales, ya que permite a las empresas instalar antenas con menos restricciones cuando se considera que hay interés general en garantizar la cobertura.
Peña recalcó que el problema no es la empresa, ni la propiedad del terreno, ni siquiera las administraciones implicadas, sino el marco legal estatal que facilita este tipo de decisiones sin contar suficientemente con la opinión del entorno afectado.
Mientras tanto, el Ayuntamiento continuará analizando vías jurídicas que puedan frenar la instalación sin incurrir en ilegalidades, manteniendo el compromiso de proteger a los vecinos sin vulnerar la ley. Antigua insiste en su rechazo al emplazamiento actual de la antena pero sin vulnerar la legalidad.