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    ACPMN incrementa la vigilancia sobre las ocupaciones de suelo

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    El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, aseguró hoy que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) “ha abierto este año 1.084 expedientes relacionados con el uso irregular del suelo, casi los mismos que en todo 2023”. Esta cifra evidencia el “empeño en seguir incrementando la vigilancia sobre la ocupación ilegal del suelo”, según explicó Miranda durante un debate parlamentario respecto a la gestión del territorio. ACPMN incrementa la vigilancia sobre las ocupaciones de suelo.

    “Desde el Gobierno estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos”, aseguró Miranda, “para mejorar la ordenación de nuestro territorio”, con el objetivo “no solo de conseguir que se respeten las leyes que lo protegen, sino también para gestionar su desarrollo eficazmente”.

    Manuel Miranda se refirió a “la lucha contra los asentamientos ilegales y la reparcelación ilegal en suelo rústico”, como las dos líneas de actuación más importantes en las que trabaja actualmente la Agencia de Protección del Medio Natural, un organismo que desde su creación -hace 25 años- ha abierto más de 60.000 expedientes. El 52% de los expedientes tenían relación, precisamente, con el uso ilegal del suelo, un porcentaje que ha subido hasta el 68% en el presente año.

    El consejero de Política Territorial agradeció en su intervención parlamentaria la implicación de la Policía Canaria y el Seprona en la labor de inspección, así como la aportación de los Ayuntamientos. En 2024 se han firmado convenios con 9 corporaciones locales y también con el Cabildo de Fuerteventura. En total, son ya 21 ayuntamientos y tres corporaciones insulares las que se benefician de la colaboración de la ACPMN.

    Miranda también valoró la creciente colaboración con organismos como la Fiscalía, el Colegio de Notarios, el Registro de la Propiedad o el Catastro, que “permiten agilizar los expedientes para combatir las ilegalidades detectadas”.

    Asimismo, el titular de Política Territorial destacó el plan de recuperación ambiental de vertederos ilegales, con el que ya se han culminado 26 de ellos. “Un plan que nos va a permitir sellar antes de 2027 los 47 vertederos ilegales que existen en las islas, y que han sido señalados en una denuncia de la Comisión Europea”, según ha manifestado.

    El consejero aseguró que “no hay ningún dato objetivo que correlacione el uso ilegal del suelo con la escasez de vivienda”, y explicó que “aunque hay quienes ocupan el suelo de forma irregular por no tener donde vivir, lo cierto es que la mayor parte de la casuística que maneja a diario la agencia tiene más que ver con edificaciones humildes que se usan como segunda residencia o con tipologías de construcción irregular que requieren una gran inversión”.

    ACPMN incrementa la vigilancia sobre las ocupaciones de suelo

    Actualización de la Ley del Suelo

    El consejero defendió además la actualización de la Ley del Suelo, actualmente en debate técnico, como una herramienta para “dar mayor eficacia a la gestión y protección del territorio”. “Trabajamos desde hace más de un año para profundizar en sus principios de simplificación y racionalización, incorporando además desafíos como el del reto demográfico y la agenda urbana, que no estaban en el debate político cuando fue aprobada en 2017”, añadió.

    Miranda hizo mención a las conclusiones emanadas de las mesas de trabajo convocadas en la primera Conferencia de Presidentes para abordar el reto demográfico, y aseguró que “buena parte de las 51 propuestas planteadas tienen que ver, precisamente, con la forma en que la población y el desarrollo económico interactúan con el territorio”.

    Manuel Miranda terminó su intervención ante el pleno de la cámara autonómica destacando el trabajo de este Gobierno en el ámbito de la gestión del suelo, y pidió el “respaldo de todos los grupos, porque la ordenación del territorio y protección de los espacios naturales necesitan hoy más que nunca el consenso político y el compromiso de todas las sensibilidades ciudadanas”.

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