El Consejo de Gobierno aprobó este jueves la declaración de desastre natural en el sector agrario como consecuencia de los vientos e incendios del pasado febrero en Gran Canaria, La Gomera, La Palma y Tenerife, con el objetivo de impulsar la entrega de indemnizaciones.
Se tata de los vientos que se produjeron el 4 de febrero, y entre el 21 y el 25 de febrero de 2020, coincidiendo con un fuerte episodio de calima, que «originaron importantes daños en el potencial de producción agrícola de varios municipios» de las citadas islas.
«Los daños ocasionados exigen que se prevea por parte del Gobierno de Canarias el establecimiento de ayudas para reparar y paliar en la medida de lo posible las pérdidas y daños producidos», explican desde el Ejecutivo en una nota.
Tras considerar los informes presentados por los cabildos insulares en relación con los daños, el informe del Servicio de Producción y Registros Agrícolas de la Dirección General de Agricultura determina que los «daños en el potencial de producción agrícola superan el umbral del 30 por ciento».