La portavoz del Grupo de AM-CC en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha insistido en la urgencia de “ampliar y reforzar ya las plantillas y recursos de los servicios sociales en todas las instituciones de Fuerteventura, actualmente saturados”.

Lola García indica que AM-CC ha presentado ya una iniciativa al Pleno del Cabildo de Fuerteventura para coordinar estas medidas de refuerzo con todos los ayuntamientos, Gobierno de Canarias y del Estado.

Junto a los desgraciados efectos sobre la salud y la vida de miles de personas, la epidemia del CORONAVIRUS viene generando importante consecuencias socioeconómicas en toda España, “pero con especial incidencia a nivel local por la dependencia del turismo”, señala.

En Fuerteventura el conjunto de la sociedad está sufriendo ya las consecuencias derivadas de la paralización económica. Sólo durante los primeros días de aplicación de Ertes, alrededor de 11.100 trabajadores ya estaban incluidos en esta medida temporal, confiando siempre en poder retomar sus empleos en unos meses.

Pero es que más de 10.000 personas se encontraban ya hacía tiempo en las listas del paro de Fuerteventura, fruto de una evolución creciente del desempleo sobre la que ya habíamos advertido y reclamado medidas desde hacía meses.

“Entendemos que las necesidades de respuesta social a todas estas familias van a ir en aumento, generando una mayor demanda sobre los distintos recursos existentes en la isla. Sobre todo una vez se levanten las medidas de confinamiento y la actual atención telemática o telefónica, que está siendo claramente insuficiente, pueda ser complementada con la presencial”, explicó la portavoz de AM-CC.

Lo que se pretende, por lo tanto, es hacer un llamamiento sobre la situación de saturación de los recursos de atención y ayuda social de la isla de Fuerteventura, ya sea dependientes de los ayuntamientos, Cabildo o Gobierno de Canarias. Y reclamar medidas inmediatas de dotación de personal, equipamiento y hasta descentralización de servicios. Porque la evolución del desempleo y la proliferación de distintas medidas laborales están precarizando la situación de muchas familias y ante ello la respuesta de los servicios sociales debe estar prevista, con los recursos humanos y materiales necesarios.