En concreto, el Gobierno autorizó conceder al Cabildo de Fuerteventura una ayuda por un importe de 204.400 euros; mientras que se concede al Cabildo de Lanzarote una subvención por un importe de 580.149,85 euros, y al Cabildo de La Palma, una subvención por un importe de 250.992 euros.
Según ha indicado el portavoz regional, Julio Pérez, tras el Consejo de Gobierno, de acuerdo con la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, la Comunidad Autónoma de Canarias, como Entidad Pública competente en materia de menores, debe velar por el bienestar de todos los menores de dieciocho años que residan o se encuentren transitoriamente en el Archipiélago, estableciendo la distribución de funciones y competencias de atención a los mismos, la regulación de las medidas y actuaciones administrativas de prevención, en situación de riesgo, de amparo e integración social, así como el régimen de colaboración y participación social en estas actividades.
Por su parte, en virtud del Decreto 159/1997, de 11 de julio, de transferencias de competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de menores, corresponde a los Cabildos la gestión de los centros y servicios públicos de acogida de carácter insular o supramunicipal y de los que tengan incidencia en la población insular, así como la prestación de los servicios especializados de atención al menor.
A su vez, la Estrategia Canaria de Infancia, Familia y Adolescencia, aprobada por Acuerdo de Gobierno, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2019, establece la «Planificación y adecuación de la red de recursos para menores extranjeros no acompañados, atendiendo a lo establecido en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, incluyendo recursos humanos multiprofesionales que contemplen la variable cultural».
Esto, hace responsable de esta acción tanto a los Cabildos como al Gobierno de Canarias, con el fin de que se garanticen las suficientes plazas especializadas para atender la posible llegada de Menores Extranjeros no acompañados en todas las islas, dotando a los Centros de Equipos multiprofesionales especializados.
Por ello, en aplicación de toda esta normativa se conceden dichas subvenciones directas, considerándose que existen razones de interés público al tratarse de un servicio totalmente necesario en el ámbito de la protección de la infancia y familia.