Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) lamenta la aprobación de la nueva normativa europea de control pesquero. Adoptada por la Unión Europea en 2023 y cuya aplicación efectiva ya ha comenzado en 2026. AMF considera que esta regulación, tal y como ha sido diseñada y trasladada a los Estados miembros, no se adapta a la realidad de la pesca artesanal. Ni a las singularidades de los territorios insulares, como Fuerteventura y el conjunto de Canarias. AMF comparte los objetivos de sostenibilidad y control de los recursos marinos, así como la lucha contra la pesca ilegal. Sin embargo, advierte de que la implantación práctica de esta norma impone nuevas obligaciones administrativas y tecnológicas. Resultan desproporcionadas para la flota de bajura, poniendo en riesgo su viabilidad económica y social. AMF alerta del impacto de la nueva normativa europea de control pesquero

Un cambio profundo en la forma de trabajar

La normativa refuerza los mecanismos de control y seguimiento de la actividad pesquera. Mediante un incremento de las exigencias de registro, trazabilidad y comunicación electrónica. Extendiendo estas obligaciones a embarcaciones que hasta ahora quedaban al margen de este tipo de sistemas. Este cambio supone una transformación profunda del trabajo diario en el mar, especialmente para la pesca artesanal. Que opera con medios limitados y en condiciones que no siempre permiten cumplir con procedimientos pensados para flotas de mayor escala.

Impacto directo en la flota de Fuerteventura

En Fuerteventura, esta normativa afecta de lleno a una flota claramente artesanal, formada por pequeñas y medianas embarcaciones. Repartidas entre puertos como Gran Tarajal, Corralejo, Morro Jable, Puerto del Rosario o El Cotillo. Son barcos que faenan en jornadas cortas, con tripulaciones reducidas y bajo una fuerte dependencia de las

condiciones meteorológicas. La imposición de nuevas obligaciones técnicas y administrativas durante la faena complica el trabajo diario. Además, incrementa los costes y expone a los pescadores a sanciones por errores formales que nada tienen que ver con malas prácticas.

La consecuencia inmediata es que muchas embarcaciones de la isla pueden ver comprometida su continuidad. El tiempo dedicado a cumplir requisitos burocráticos es tiempo que se resta a la actividad productiva, y los costes asociados a equipos, mantenimiento y formación suponen una carga difícil de asumir para un sector que ya trabaja con márgenes muy ajustados. En una isla como Fuerteventura, donde la pesca sigue teniendo un peso económico y social relevante, este impacto adquiere una dimensión especialmente preocupante.

Una problemática común en toda Canarias

Esta situación no es exclusiva de Fuerteventura. En el conjunto del Archipiélago, la flota pesquera presenta características muy similares, con un claro predominio de la pesca artesanal y de artes menores. Se trata de un modelo históricamente sostenible y selectivo que, sin embargo, se ve ahora penalizado por una normativa pensada para flotas industriales. Canarias corre el riesgo de perder parte de su flota no por razones ambientales. Sino por una aplicación rígida que no distingue entre realidades muy diferentes.

Todo ello se produce en un contexto ya muy adverso para la pesca. El aumento de los costes de combustible y mantenimiento, la falta de relevo generacional. También las limitaciones de cuotas y zonas de pesca y la baja rentabilidad de muchas explotaciones han situado al sector al límite. La entrada en vigor de esta normativa en 2026 amenaza con acelerar el abandono de la actividad y el vaciado progresivo de los puertos.

Ante este escenario, AMF se pregunta qué van a hacer las autoridades competentes para evitar que la pesca artesanal desaparezca por la vía administrativa. Qué medidas concretas va a impulsar el Gobierno de Canarias para defender a su flota ante una aplicación que no tiene en cuenta la condición de región ultraperiférica. Cómo se va a garantizar que el control no se convierta en un mecanismo de expulsión del sector y qué apoyos reales se van a ofrecer para que las pequeñas embarcaciones puedan adaptarse sin desaparecer.

AMF considera que no basta con asumir sin más decisiones adoptadas lejos de la realidad insular. Por ello, exige una posición común y firme en defensa de la flota pesquera insular; una iniciativa que reclame una aplicación flexible y adaptada de la normativa, medidas específicas para la pesca artesanal y el reconocimiento del valor económico, social y cultural de un sector esencial para la isla.

La sostenibilidad del mar no puede construirse a costa de vaciar los puertos. Defender la pesca artesanal es defender Fuerteventura.

AMF alerta del impacto de la nueva normativa europea de control pesquero