El colectivo ‘Entre Mares’, desde la frontera Sur de la UE, Fuerteventura se suma a la Acción Trasnacional, contra el racismo de las Políticas migratorias que día a día vivimos en Canarias, por el Derecho a Migrar y a una Acogida Digna y Humana.

Este año 2025, Naciones Unidas ha dedicado esta jornada a la celebración del 60º aniversario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que sigue siendo un instrumento normativo válido para erradicar la discriminación racial en todas sus formas y luchar contra el racismo. Esta convención constituye uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969. España la firmó en 1968.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial tuvo su origen en los movimientos sociales por los derechos civiles, contra el apartheid y en favor de la descolonización que marcaron la década de 1960, estableciendo medidas concretas que los países debían adoptar para combatir las doctrinas racistas y construir un mundo libre de discriminación racial.

Hoy sigue siendo un referente legislativo en el derecho internacional para los estados firmantes, incorporado a sus ordenamientos jurídicos internos como norma aplicable. Progresivamente, se han ido añadiendo e impulsando avances jurídicos y sociales en materia de inclusión, igualdad de trato, no discriminación y respeto de la diversidad, sumando acciones tendentes a la eliminación de cualquier forma de discriminación racial, racismo, xenofobia u otras formas conexas de intolerancia. Sin embargo, pese a la existencia y validez de la Convención, somos plenamente conscientes de los obstáculos y barreras recurrentes que se siguen encontrando en la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación.

En la actualidad, asistimos a un aumento progresivo de los discursos de odio frente a la diversidad; a comportamientos discriminatorios y xenófobos que impiden y/o dificultad el acceso a la vivienda, al empleo, a la sanidad, a la educación, a los servicios comunitarios, etc. Actitudes que impiden el desarrollo de proyectos de vida y merman la igualdad de oportunidades entre las personas, perjudicando gravemente el respeto y disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en los distintos tratados internacionales y, particularmente, en la Convención. Estas actitudes y discursos discriminatorios en auge representan asimismo una poderosa barrera a la inclusión social de los grupos potencialmente vulnerables por su origen y/o condición no nacional.

Hacer eficaz y efectivo el derecho fundamental a la no discriminación para que sea una realidad en la vida cotidiana de las personas constituye una responsabilidad compartida para toda la sociedad civil, para las organizaciones sociales de derechos humanos y de lucha contra el racismo y la xenofobia, que ha de contar con el impulso, dotación y las políticas públicas del Estado de Derecho.