En la tarde del lunes, 28 de octubre, se celebraba un pleno en el ayuntamiento de la capital donde se incluía una moción propuesta del grupo de gobierno para instar al Gobierno de Canarias a la regulación de las viviendas protegidas.
En la exposición de motivos se argumenta que desde 1980 hasta 2020, en España se han edificado más de 2,4 millones de viviendas con alguna modalidad de protección. Como resultado, el 35% de las viviendas principales de nuestro país ha sido construido a partir del sistema de las viviendas de protección oficial
Sin embargo, este parque de viviendas ha ido pasando a manos privadas, a la vez que han ido existiendo importantes desgravaciones y estímulos a la compra de vivienda, lo que ha permitido que la mayoría de las familias tengan su casa en propiedad, rondando el 80%, pero que ha supuesto también una escasez de recursos públicos para las necesidades de las generaciones sucesivas.
Actualmente, la cantidad de vivienda social de la que deberíamos disponer para situarnos en la media europea del 9% de vivienda pública, se calcula en 1,5 millones de hogares mientras que el parque de vivienda social (vivienda en alquiler de titularidad pública) está situado en el entorno de las 290.000 viviendas, es decir, un 1,5% del parque de viviendas. De éstas, unas 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y otras 110.000 viviendas son de titularidad de los ayuntamientos y entidades dependientes. Este parque de 290.000 viviendas sociales ofrece cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que habitan en España.
Frente a esta situación, el Gobierno de España abordó la necesidad de contar con un parque de vivienda social que permitiera satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo los más jóvenes, sin que el acceso a la vivienda supusiera destinar más del 30% de la renta disponible del conjunto de la unidad familiar. Por este motivo se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que tiene como objetivo fundamental poner el suelo público y los recursos públicos al servicio del interés general de acceder a una vivienda digna y asequible.