En un reciente comunicado del Partido Popular de Fuerteventura en relación a la
política energética en la isla, en el que el presidente de dicho partido reprocha al
Cabildo y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario no haber interpuesto
alegaciones sobre el traslado de la central de Las Salinas, “hay que hacer constar
que dicha cuestión se recoge, al igual que muchas otras, en el Plan de Transición
Energética que está tramitando actualmente la Dirección General de Energía del
Gobierno de Canarias, y que aún no se ha dado traslado al Ayuntamiento, algo que
se hará en breve por medio de la Federación Canaria de Municipios (Fecam)”,
establece el alcalde capitalino y secretario general del PSOE.
Por dicha circunstancia, “creo que es exigible al PP que se ajuste a lo determinado
por el Gobierno y, a partir de ahí, impulsar cualquier iniciativa que sea menester
para la mejora de la política energética en nuestro municipio, incluso en toda la isla,
puesto que el Cabildo tampoco ha podido hasta el momento tener acceso al
documento que recoge íntegramente las directrices que deben regir nuestra
planificación en este ámbito”, mantiene Juan Jiménez.
El mandatario portuense estima que “se debe evitar incurrir en ese tipo de
incorrecciones que podrían ofrecer una imagen errónea sobre el trabajo de las
administraciones públicas, ya que, más allá de los legítimos intereses partidarios,
son más importantes los que atañen a la ciudadanía en general. Es obvio que la
situación de la central térmica de generación eléctrica de Puerto del Rosario tiene
que ser un asunto en el que todos/as tenemos que implicarnos para alcanzar un
acuerdo sobre su traslado desde el barrio de El Charco hasta una ubicación más
idónea. Es ahí donde también es deseable que la oposición política trabaje, sin
confusión y con pleno convencimiento de que ya quedó atrás el debate sobre qué
modelo energético ha de implantarse, puesto que no creo que aquí nadie apueste
por las energías contaminantes”.
El Plan de Transición Energética de Canarias contendrá el conjunto de acciones
dirigidas a la consecución en plazo de los objetivos de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y, en particular, las destinadas a la reducción de
emisiones mediante la implantación de energías renovables, aumento de la
seguridad, almacenamiento y eficiencia energética de las actividades, edificaciones
e infraestructuras en las materias competenciales de la Administración pública, y
otras que contribuyan a esta reducción y se elabora teniendo presente un enfoque social social que abogue no sólo por la inclusión de todos los agentes que ya participan
en el ámbito energía, sino que fomente modelos de lucha contra la pobreza
energética tales como el autoconsumo compartido, la generación distribuida, las
comunidades energéticas o nuevos modelos de movilidad sostenible donde se
prime la participación ciudadana, aspecto clave para el éxito de este plan.