La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias está realizando un estudio de opinión pública, en el que ya se contabilizan más de 250 aportaciones, para conocer los puntos de vista y las acciones que los sectores y agentes sociales y económicos de Canarias realizan actualmente o quieren desarrollar en favor de la acción climática y la transición ecológica.

Así lo anunció el consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, quien agradeció la implicación de la sociedad en este proceso que estará abierto hasta el próximo 12 de noviembre. “Estamos satisfechos con la respuesta que estamos recibiendo, si bien nos gustaría aumentar la participación en las islas no capitalinas para tener una visión más equilibrada de la realidad de todo el Archipiélago”, señaló.

En este sentido, recordó que a través de este trabajo de campo han querido dar a la sociedad civil un papel relevante en la tramitación de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, para complementar los distintos procesos de consulta de una ley que quieren que sea “la más participativa de la historia del Archipiélago”.

“Queremos profundizar en la percepción de la que partimos en Canarias sobre estas cuestiones y en las acciones que se están realizando para así maximizar la efectividad de los planes de acción y actuaciones que se emprendan para abordar el reto que supondrá en los próximos años la lucha contra el cambio climático”, indicó.

La participación en esta encuesta, a la que se puede acceder a través del enlace https://bit.ly/3hWtLxG, es voluntaria y las respuestas son anónimas y confidenciales, de acuerdo con el Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal.

El cuestionario incluye una completa batería de preguntas de opinión y de exploración, con el objetivo de recabar, por un lado, las opiniones, actitudes y creencias de ciudadanos y ciudadanas ante el cambio climático y los procesos de transición ecológica.

Otro de sus objetivos es identificar experiencias y proyectos concretos que implican buenas prácticas de mitigación, adaptación o gobernanza climática, que puedan servir de referencia y ejemplos a seguir.

Pueden participar los ciudadanos a título particular o en representación de organizaciones civiles como entidades sociales o empresas, entre otros, y también de administraciones, centros educativos, o cualquier otra representación de la sociedad.