Durante su intervención subrayó que “poner fin a la elevada temporalidad del personal sanitario es una cuestión de justicia y una prioridad de país”. Esta nueva normativa tiene como objeto “evitar que vuelvan a producirse tasas elevadas de temporalidad en el Sistema Nacional de Salud porque nuestros sanitarios y sanitarias precisan estabilidad profesional y evitar las situaciones de precariedad laboral que se han producido durante tanto tiempo”.

De hecho, añadió Carolina Darias, “las administraciones públicas, desde hace demasiado tiempo, presentan una elevada tasa de temporalidad que se ha ido incrementando, con especial incidencia en el ámbito sanitario”.

La medida, como recuerda CCOO, responde a un «mandato» de la Ley 20/2021 de medidas urgentes contra la temporalidad en el empleo público. Esta norma, a su vez, se aprobó en respuesta a un tirón de orejas que la Unión Europea había dado a España precisamente por este asunto. «Lo que anuncia no es nada nuevo; se trata de una fase más en el camino de la estabilización de la bolsa de temporalidad en las administraciones públicas, que España se ha comprometido a tener resuelta para finales del año 2024″, recuerda el sindicato.

La titular de Sanidad destacó que “estamos ante una modificación puntual, ya que en el plazo de tres meses iniciamos nuevamente la negociación con los sindicatos para la actualización con mayor amplitud la modificación y actualización del Estatuto Marco”.

Según el real decreto ley, antes del 31 de diciembre de este año se publicarán las convocatorias para las más de 67.000 plazas que se encuentran en esta situación, posibilitándoles que puedan acceder a las mismas.

Asimismo, desaparecen los nombramientos eventuales y se establecen dos grandes grupos de personal temporal -el personal estatutario temporal interino y personal estatutario sustituto- y se disponen las causas de nombramiento en ambos casos.

Interinos, por un plazo máximo de tres años

La nueva ley establece, concretamente, que transcurridos tres años desde el nombramiento de un sanitario interino, esta vacante «solo podrá ser ocupada por personal fijo», aunque habrá excepciones como que «en el proceso selectivo correspondiente no se haya cubierto la plaza en cuestión, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal estatutario interino», según el Real Decreto. Además, excepcionalmente, el sanitario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, «siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del interino». «En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica», detalla el Ejecutivo.

La Ley intenta fijar límites a la contratación de interinos solo para «razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia«. Entre ellas, se encuentra que se podrá contratar a un interino para cubrir plazas vacantes «durante un plazo máximo de tres años» siempre y cuando «no sea posible» ubicar un empleado fijo. La Ley también abre la puerta a contratar a sustitutos que realicen «funciones propias» de funcionarios «durante los periodos de vacaciones, permisos, dispensas y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de plaza».

La temporalidad afecta a más del 36% de los médicos

La medida viene, en origen, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, precisamente, resolvía el caso de dos trabajadores de la sanidad pública madrileña. Según el fallo, el sistema sanitario español tiene un «problema estructural» que «se traduce en un elevado porcentaje de empleados públicos temporales» y, a su vez, en el incumplimiento de la obligación legal de proveer de manera permanente las plazas ocupadas temporalmente por dicho personal». Un año más tarde, la Unión Europea empezó a presionar a España para acabar con esta situación. El objetivo del Gobierno ahora es que la temporalidad no supere el 8% en todas las Administraciones.