El Consejo de Gobierno de Canarias se reúne el lunes 31 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria con una propuesta de acuerdo para autorizar un gasto plurianual de 22.245.273,23 euros, destinado a contratar la vigilancia y la seguridad física de las sedes judiciales del archipiélago.

El objeto que recoge literalmente el orden del día es el «servicio de vigilancia y seguridad física de los edificios adscritos a sedes de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias».

El gasto corresponde a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y quien eleva el asunto al Consejo es la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

Conviene fijar el alcance de lo que hay sobre la mesa. El documento no indica la duración del plurianual, ni el reparto por anualidades, ni quién prestará el servicio, así que nada de eso puede darse por sabido.

La referencia de 2017, con su fecha delante

Existe un antecedente datado y comparable en su objeto. El 21 de noviembre de 2017, la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad anunció la publicación del pliego para contratar la vigilancia y seguridad de los órganos y sedes judiciales de Canarias.

Aquel pliego, según la propia nota institucional de esa fecha, fijaba:

• Presupuesto de 9.063.880,24 euros, sin IGIC.
• Plazo de dos años, prorrogable por otros dos.
• Prohibición de la subcontratación parcial.
• Subrogación del personal conforme a convenio y obligación de aplicar el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
• Compromiso de contratar entre demandantes inscritos en el Servicio Canario de Empleo con al menos seis meses de antigüedad.

No hay ninguna prueba documental de que ese pliego de 2017 sea el del contrato hoy vigente, ni de que entre aquella fecha y hoy no se hayan licitado otros. Las dos cifras tampoco son homogéneas: una lleva IGIC y la otra no, y del expediente de 2026 se desconoce cuántas anualidades cubre.

El coste de custodiar la propia estructura

Queda la aritmética elemental de cualquier presupuesto público. Antes de que un solo juez dicte una sola sentencia, la Administración autonómica plantea comprometer veintidós millones largos en guardar las puertas de los edificios donde eso ocurre.