Los trabajadores de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, tras reunirse en Asamblea han acordado declarar la situación de emergencia laboral ante la crítica situación que arrastra y atraviesa dicha Consejería, lo que la inmoviliza para poder desempeñar sus tareas habituales y la imposibilita para impulsar las nuevas políticas de Gobierno. Esta situación no es nueva pero el actual equipo directivo sigue sin dar muestras de entender la profundidad del problema de falta de personal y de recursos que arrastra la Consejería y que está haciendo reventar la paciencia y la salud de los trabajadores. Lo contradictorio es que con unos recursos mermados, con vacantes sin cubrir que llegan hasta un 60% de la plantilla, con la incapacidad demostrada para ejecutar la última Ley del Suelo muchas de las competencias que le atribuyen las Leyes, quieren meter mas presión con un personal que mengua y con recursos materiales obsoletos. La trascendencia e importancia del Cambio Climático requiere no sólo palabras, sino ajustar la administración, moderlizarla con medios y trabajadores, para abordar una realidad ambiental inquietante desde el punto de vista climático y social y llena de desafíos para un futuro inmediato.
La crítica situación de la Consejería ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, y que en el contexto actual se puede resumir en:
1. Desmantelamiento y vaciado de personal, con más del 60% de plazas de funcionarios vacantes, bloqueándose la tramitación de expedientes y proyectos. Con muy pocos personal administrativo que agilice parte de los trabajos de tramitación de expedientes.
2. Estructura de la Consejería obsoleta con una organización que no responde a las necesidades actuales, con Servicios desbordados en unos casos, o carentes de personal o funciones, en otros.
3. No se cubren las plazas del personal jubilado, de baja, en excedencia o movilidad, generando un vacío estructural y un envejecimiento de la plantilla.
4. Parque móvil obsoleto, de los más contaminantes y con mayor huella de carbono del Gobierno de Canarias.
5. Negligencia en el control y custodia de los expedientes que se apilan como “residuos” sobre suelos y mesas.
6. Creación de una administración paralela dirigida por asesores en una flagrante vulneración de los principios transparencia, de jerarquía y rigor en los procedimientos públicos.
7. Carencia de auxiliares y administrativos, lo que supone una paralización en el impulso de los procedimientos.
8. Externalización de obras o proyectos que suponen un sobrecoste a las arcas públicas.
Para paliar la situación actual se PROPONE la adopción de las siguientes medidas :
1. Reactivar una mesa de negociación entre representantes de los trabajadores y de la Consejería.
2. Ocupación urgente de la totalidad de plazas vacantes.
3. Creación de una bolsa de trabajo-lista de sustitución para la ocupación urgente de las plazas que se requieran.
4. Ejecutar un plan de choque de limpieza de archivos, documentos y chatarra tecnológica que se acumula en suelos, pasillos o despachos.
5. Negociar un nuevo marco de funcionamiento (nueva RPT) de la Consejería ajustada a las necesidades reales de servicio público e interés general.
6. Evitar las interferencias de los asesores políticos en el trabajo del personal.
7. Modificar el Reglamento por el que se crea el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, para hacerlo más eficiente en la tramitación de los expedientes.
8. Aplicación del artículo 20 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para remover los obstáculos existentes en la tramitación de los expedientes.
9. Reactivar y dotar de personal el Servicio Administrativo para una mejor eficiencia en la gestión de expedientes y la gestión presupuestaria de la Consejería.