Veinte empresas canarias sancionadas por no contratar a personas con discapacidad. Las compañías de más de 50 trabajadores tienen la obligación de que al menos el 2% de su plantilla tenga diversidad funcional; la tasa de inactividad de este colectivo es del 72,9%. El Servicio Canario de Empleo, en coordinación de la Inspección de Trabajo, ha tramitado este año 20 propuestas de sanción por un total de 39.514 euros a empresas de más de 50 trabajadores por incumplir la obligación legal de que al menos el 2% de sus empleados sean personas con discapacidad.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ofreció este dato hace unos días, durante una comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias en la que señaló que en 2022 se han realizado 560 inspecciones específicas sobre este requisito legal, mientras que en el pasado ejercicio fueron 417.

Cuando una empresa no cumple con ese porcentaje de contratación dispone de unas medidas alternativas para no ser sancionados. Estas van desde la firma de un contrato civil o mercantil con un centro especial de empleo o con personas discapacitadas trabajadoras autónomas, hasta realizar donaciones o patrocinios de actividad de inserción laboral y de creación de empleo con personas con discapacidad, e incluso constituir un enclave laboral.