El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha valorado de forma positiva la reciente sentencia del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia sobre la regulación de la actividad de mediación en la contratación de servicios de taxi, al reconocer la capacidad de las administraciones públicas para establecer condiciones a las empresas intermediarias del sector cuando estas estén debidamente justificadas y sean proporcionales.
La resolución del Alto Tribunal supone un importante respaldo jurídico para las administraciones locales en su labor de garantizar un modelo de movilidad ordenado, seguro y adaptado a las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, confirma que la regulación pública continúa siendo una herramienta fundamental para proteger los derechos de los usuarios, asegurar la calidad del servicio y favorecer una competencia equilibrada dentro del sector.
El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destacó que “esta sentencia aporta seguridad jurídica a los ayuntamientos y reconoce el papel que desempeñamos las administraciones locales en la organización y supervisión de servicios esenciales para la ciudadanía. El taxi forma parte de la movilidad cotidiana de muchas personas y es nuestra responsabilidad garantizar que se preste en las mejores condiciones posibles, con criterios de calidad, seguridad y transparencia”.
De Vera añadió que “el pronunciamiento del Tribunal Supremo confirma que es posible compatibilizar la innovación y la modernización de los servicios con la protección del interés general, algo especialmente importante en un sector tan sensible y estratégico para nuestros municipios”.
Por su parte, el concejal de Transportes, Luis Chacón, señaló que “esta resolución respalda el trabajo que vienen realizando las administraciones públicas para ordenar el sector y garantizar que todas las herramientas y plataformas que intervienen en la contratación del servicio lo hagan dentro de un marco regulado y equilibrado”.
“El fallo deja claro que la actividad de intermediación puede estar sujeta a determinadas condiciones cuando estas responden a objetivos legítimos de interés público. Esto contribuye a fortalecer el servicio del taxi, ofrecer mayores garantías a los usuarios y dotar al sector de una mayor estabilidad y seguridad jurídica”, explicó Chacón.
La sentencia aborda de manera específica el encaje jurídico de las empresas que median entre usuarios y profesionales del taxi, delimitando qué requisitos pueden imponerse y cuáles podrían constituir restricciones injustificadas. De este modo, se refuerza el equilibrio entre la libre competencia y la defensa del interés general, consolidando un modelo que permite seguir avanzando hacia una movilidad más eficiente, accesible y sostenible.
Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se considera que este pronunciamiento judicial supone un respaldo a la consideración del taxi como un servicio de interés público esencial, así como a la labor de las administraciones que trabajan para garantizar un sistema de transporte moderno, regulado y centrado en las necesidades de la ciudadanía.