El portavoz de En Marcha en el Ayuntamiento de La Oliva, Pedro Amador, denuncia la falta de avance en la situación del expediente de solicitud de reforma del hotel Oliva Beach, que estos días se cumple el segundo año de acumulaciones de retrasos.
Hace unos días, Amador dirigió una queja al Defensor del Pueblo denunciando la parálisis de la Administración, ya que el Ministerio de Transición Ecológica no ha dado respuesta a la solicitud.
“Una vez analizado su contenido no se desprende que quienes han solicitado la autorización de las obras RIU Oliva Beach se hayan dirigido en el último año al Ministerio para la Transición Ecológica para solicitar información sobre el estado de tramitación del procedimiento y sobre los motivos de la demora en resolverlo. Dada esa circunstancia, no ha sido posible que la Administración se pronuncie sobre la cuestión, ni expresa ni tácitamente. Mientras la Administración no haya resuelto de manera expresa dicho asunto o se produzcan retrasos injustificados en resolverlo, resultaría anticipada la intervención del Defensor del Pueblo.”, dice la misiva firmada por el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández.
“Cabe sugerir que quienes promueven el procedimiento de autorización se dirijan previamente a la Demarcación de Costas de Canarias, donde les podrán proporcionar información sobre el estado de tramitación del procedimiento, de los motivos de la demora en dictar resolución y de la fecha prevista para resolver. Si transcurrido un plazo razonable no se recibiera respuesta o se considerara insuficiente e irregular o ilegal, podría comunicarse esta circunstancia a esta institución para un nuevo estudio del asunto.”, concluye el defensor.
En estos días también se ha conocido un informe de la Abogacía del Estado sobre la solicitud de reforma del Oliva Beach, en el que se condiciona su prosperidad a la aclaración sobre la situación de 20 apartamentos que fueron vendidos por Geafond (empresa propietaria del hotel Oliva Beach) a unos terceros antes de la Ley de Costas de 1988, es decir hace más de 30 años. Estás propiedades de encuentran en una construcción distinta del hotel en sí, por lo que Pedro Amador no entiende por qué no se sigue adelante con la tramitación de la solicitud de reforma del hotel.
En su informe, la abogada del Estado hace referencia a la concesión administrativa que tiene el hotel por 75 años y alude a posibles errores en esa concesión por la titularidad de aquellos 20 apartamentos.
“Por seguridad jurídica no corresponde revisar esta concesión administrativa porque tuvieron la oportunidad cuando la dieron”, señala Amador, quien subraya que en el informe de la Abogacía del Estado no se habla de ningún impedimento real técnico para la autorización de reforma del hotel, sino sobre teorías acerca de la titularidad de unas fincas que no son objeto de la reforma que se plantea.
“Esto es como si uno va al Ayuntamiento a pedir licencia para cerrar su balcón del edificio en el que uno vive y le salen con que el vecino del bajo debe un recibo del IBI. Un sinsentido y un despropósito” según Pedro Amador.