El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha expresado este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Administración que dirige Fernando Clavijo ha aprobado elevar un requerimiento al Consejo de Ministros en el que se detalla la situación de «emergencia total» en un contexto migratorio en el que para las Islas se están «incumplimiento y no se están contemplando por parte del Estado todos los acuerdos y los aspectos legales».

Ante este requerimiento, la Administración estatal tendrá 30 días para presentar alegaciones si así lo considera, y, transcurrido el plazo, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma actuarán para que el Gobierno de España trabaje de forma «adecuada» ante unos servicios de acogida «saturados» en las Islas y que no están permitiendo atender en «óptimas condiciones» a los menores migrantes no acompañados que cada día arriban en los litorales. Si la respuesta no fuera satisfactoria por parte del Estado, la Comunidad Autónoma planteará la controversia ante la Justicia. 

Cabello señaló que ya en marzo de 2022 – en el contexto de la Conferencia sectorial- se puso «encima de la mesa» un informe jurídico elaborado por el actual ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y que «ponía en tela de juicio la competencia de las Islas para tutelar a los niños y niñas que arriban en las costas». «Los menores tienen que ser documentados por el Estado. Son su responsabilidad y están obligados a ocuparse», aseveró el portavoz.

Así, Cabelló indicó que «todos los menores que están llegando a Canarias están siendo atendidos. Hemos defendido el protocolo para verificar que los menores sean auxiliados de la mejor manera», pero «no para poner palos en las ruedas». En este sentido, el portavoz aseveró que «hasta ahora los menores estaban siendo entregados sin las condiciones mínimas óptimas», a la vez que recordó que el pasado día 19 de este mes llegaban 1.000 migrantes y 134 eran niños y niñas, un escenario «crítico y de emergencia total» para el Gobierno canario.

El portavoz aseveró que el Archipiélago «está asumiendo la presión migratoria desde hace meses en solitario, mientras desde Madrid siguen inmersos en la forma y en la anécdota sin sin dar respuesta los niños y niñas». Durante el mes de septiembre más de 4.000 migrantes han llegado a Canarias y «aquí se sigue discutiendo sobre cuales son los protocolos ideales. Sin embargo, los que nosotros presentamos vienen del año 2014».

Para Cabello, en Madrid «se tienen que alejar de la crispación política y empezar a trabajar en buscar solución al problema», con el objeto último de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería: «Estamos en una escenificación y juego político, pero no ahondando en el fondo de la cuestión». En este sentido, señaló el portavoz que la visita del comisario europeo Margariti Schinas fue «muy importante» porque mostró su ayuda con 14 millones de euros, que, desde Europa, permitirán mejorar la atención a los menores migrantes que llegan a nuestras costas. Sin embargo del Gobierno de España seguimos sin tener un euro», concluyó.

Incumplimiento legal y en materia económica

En el acuerdo se argumenta que la actuación en materia migratoria afecta al menos a cuatro ministerios, que son los que firmaron el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, y que estos tienen que ejercer las competencias sobre salvamento marítimo, migración, fronteras y relaciones exteriores. Además, insiste en el incumplimiento en materia económica derivada de su obligación de garantizar el principio de solidaridad, ha informado el Ejecutivo canario en un comunicado posterior a la comparecencia de Cabello.

Entre los motivos, se plantea el agravamiento de la crisis migratoria sumado a la ausencia de recursos para atender a las personas que siguen llegando, “la imposibilidad de habilitar nuevos dispositivos de asistencia (salvo los habilitados por emergencia en los puertos), por inexistencia material de instalaciones adecuadas, salvo las solicitadas y no cedidas por la Administración General del Estado”.

El Ejecutivo insiste en el hecho de que, “mientras la Comunidad Autónoma de Canarias sigue atendiendo a todos los menores no acompañados con unos medios desbordados e insuficientes para la magnitud de una migración continental, el Gobierno de España y la Administración General del Estado convierten la crisis migratoria agravada en un debate político y mediático, sin formular la menor propuesta dirigida a resolver la situación”.

En el acuerdo se recalca que el sistema de acogida y protección de menores migrantes no acompañados ha incrementado su dimensión de 29 a 81 centros de acogida en el último año, y ha recibido a muchos más menores no acompañados que las plazas previstas ya ampliadas, “en perjuicio del bienestar y seguridad de los menores”. El documento suscrito por el Consejo de Gobierno insiste además en la ausencia de actuaciones de repatriación de menores migrantes no acompañados y en el hecho de que en relación con los 6000 menores migrantes no acompañados que están acogidos en Canarias no se ha desarrollado “actuación alguna para su retorno al país de origen para integrarse con su familia”.

Asimismo, expone que el Estado infringe diferentes normas como los artículos 2 bis 3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social o el artículo 172 del Código Civil. Esto se debe a que el Estado equipara el lugar en que se halle el menor en desamparo con el territorio del puerto de llegada, aunque el desamparo era previo, así como por la inexistencia de situación de desamparo al proporcionar el Estado la atención inmediata precisa a los menores migrantes no acompañados que salva en el mar o recibe en frontera terrestre.

Finalmente, en el acuerdo adoptado el Ejecutivo regional reitera la “plena disposición de la Comunidad Autónoma para buscar y adoptar de común acuerdo las medidas más adecuadas para la correcta atención de los menores extranjeros no acompañados, en razón del interés superior del menor que debe guiar la correcta atención de todos los poderes públicos”.