El Gobierno de España y el de Canarias han acordado este viernes la creación del Órgano Bilateral Aeroportuario Canarias-Estado, un instrumento de coordinación que permitirá reforzar la participación del archipiélago en las decisiones relacionadas con sus infraestructuras aeroportuarias.

Según recoge un comunicado del Gobierno, el acuerdo se ha alcanzado durante la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, celebrada en Tenerife con la participación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente autonómico, Fernando Clavijo.

Detallan que el nuevo órgano tendrá una «composición paritaria, con cuatro representantes de cada administración, y estará presidido por el Gobierno de Canarias durante su primer año». En este sentido, explican que su creación «desarrolla el artículo 161.2 del Estatuto de Autonomía, aunque no modifica la titularidad, la regulación ni la supervisión de los aeropuertos de interés general gestionados por Aena».

Seguimiento

Aclaran que, entre sus principales funciones, estará la «participación en la estrategia aeroportuaria de Canarias, el seguimiento de las inversiones previstas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y la coordinación de medidas para mejorar la conectividad, tanto de pasajeros como de mercancías». 

También abordará cuestiones relacionadas «con la descarbonización, la reducción del impacto ambiental de los aeropuertos y la posible cofinanciación de inversiones y servicios vinculados a estas infraestructuras».

Traspaso de competencias

Por otra parte, el comunicado informa de que la Comisión Mixta de Transferencias ha acordado el traspaso a Canarias de funciones y servicios estatales relativos a puertos, aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras de transporte que no estén considerados de interés general.

El acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron el pasado enero, permitirá a Canarias «asumir competencias como la aprobación de proyectos de construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo de aeropuertos y helipuertos que no tengan esa consideración», concluyen