La cadena balear RIU ha presentado un proyecto para modernizar y reformar uno de los hoteles que tiene en las Dunas de Corralejo, el Hotel RIU Palace Tres Islas. La empresa ha remitido al órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura un documento para la evaluación de impacto ambiental simplificada de la obra, que contempla la creación de seis habitaciones nuevas. Este informe justifica que el edificio se está degradando por su “exposición a la maresía” y plantea varias actuaciones para que se convierta en un “referente de sostenibilidad”, a pesar de la polémica que existe sobre él por estar sobre un Parque Natural y en zona de protección costera.

Los colectivos ecologistas Turcón y Ben Magec han presentado alegaciones al proyecto de modernización, que fue sometido a exposición pública, e insisten en que las reformas son “incompatibles” con la protección del dominio público marítimo terrestre y del entorno natural de alto valor ecológico en el que se sitúa el hotel. Los ecologistas consideran que el proyecto contradice “los principios de sostenibilidad ambiental y de interés general que deben regir la actuación administrativa”.

a intervención se vertebra en torno a cuatro ejes: la renovación del sistema de climatización para mejorar la eficiencia energética; la seguridad estructural, para revertir la degradación derivada del entorno y la antigüedad; la modernización funcional y de accesibilidad; y la sostenibilidad y uso eficiente de los recursos, incluyendo la implantación de tecnologías de ahorro hídrico.

El proyecto incluye más de 20 actuaciones. Entre ellas, crear seis habitaciones nuevas en la sexta planta del edificio, aparcamientos, sustituir todos los ascensores, sustituir los extractores de cocina, reformar el lobby de recepción, crear un nuevo solárium, una nueva zona de fitness, reformar una de las piscinas y una zona de SPA adaptada a personas con movilidad reducida. En el documento, RIU sostiene que la reforma actuará “exclusivamente” sobre la edificación existente, y se concentrará en las zonas interiores del edificio, las zonas nobles, las zonas de servicio, equipamientos deportivos y piscinas.

El documento ambiental de RIU analiza el impacto que las obras de modernización tendrán sobre los espacios naturales atravesados por el hotel y que forman parte de la Red Natura 2000. En concreto, el proyecto se desarrolla sobre una parcela catastral de 30.438 metros cuadrados afectada por la Zona de Especial Conservación (ZEC) Corralejo, la ZEC Sebadales de Corralejo, la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Isla de Lobos y la ZEPA Espacio Marino de La Bocayna. 

Entre las aves que pueden identificarse en la zona están la pardela cenicienta, el paíño europeo, el petrel de Bulwer, el alcaraván, el chorlitejo patinegro o el guirre, en peligro de extinción. En cuanto a la flora, destaca la seba, que forma las praderas de sebadales, de interés para los ecosistemas canarios y que, además, está incluida en el catálogo de especies protegidas y vulnerables. 

“Las principales actividades que se desarrollan en la zona relacionadas con el establecimiento hotelero y que pueden producir impactos en la ZEC son los vertidos desde tierra al mar”, detalla el documento. Según el promotor, no se prevé con este proyecto “ningún impacto” en la ZEC marina porque no se planea ninguna intervención en las infraestructuras hidráulicas ni en el ámbito marino. En sus conclusiones, RIU insiste en que “no se prevén efectos significativos sobre los hábitats protegidos” y sostiene que los potenciales efectos negativos sobre el entorno son “de carácter temporal, reversible y de baja magnitud”, concentrados principalmente en la fase de reforma. 

Según RIU, la reforma de consolidación y modernización es “imperativa” para garantizar la seguridad de la estructura y la “sostenibilidad ambiental”, pero también para “mejorar la oferta como servicio hotelero”. La cadena insiste en que el inmueble, situado en el espacio natural Grandes Playas en dominio público marítimo terrestre, presenta una “obsolescencia técnica y energética crítica”, sumada a la degradación material y por su exposición a la maresía. 

De todas las alternativas propuestas por Riu, la cadena opta por la número 3, que incluye el cese total de la actividad alojativa durante el periodo de las obras. “El cierre temporal permite que la modernización sea rápida, segura y profunda, transformando un complejo obsoleto en un referente de sostenibilidad ambiental en el espacio protegido”, señala el texto.

Los colectivos ecologistas Turcón y Ben Magec han presentado alegaciones al proyecto e instan a la administración a “actuar con firmeza, conforme a la legalidad vigente y en defensa del bien común”. Ambos han pedido la culminación efectiva de la demolición del hotel Oliva Beach, garantizando la restauración del espacio natural ocupado, así como la continuidad del procedimiento de caducidad de la concesión del hotel Tres Islas.

En la documentación remitida por los ecologistas al Ayuntamiento de La Oliva y a la que ha tenido acceso este periódico, Turcón subraya que estos hoteles »han sido un mal ejemplo de cómo llevar una política sostenible de la actividad turística», al ocupar »el bien ambiental que sirve de atractivo». Además, afirman que se ha puesto en riesgo el derecho de la ciudadanía al uso del dominio público y los bienes ambientales a preservar.

Para Turcón y Ben Magec, la caducidad de la concesión y la demolición de los hoteles »redundarán en el beneficio de las Dunas de Corralejo, de Fuerteventura y de la sociedad canaria en general». En esta línea, piden apoyo a las administraciones públicas para que demuestren si están comprometidas con la defensa del territorio y del interés público. »Se trata de avanzar hacia un modelo turístico realmente sostenible, que no sea depredador, y que se base en el interés general, en lugar de en los privilegios y beneficios de unos pocos […]», subrayan.

Tanto este hotel como el Oliva Beach, también sobre las Dunas de Corralejo, recibieron la bandera negra de Ecologistas en Acción por gestión ambiental al tratarse, según la organización, de “dos casos muy graves de ocupación del Espacio Público Marítimo Terrestre”.