El Ayuntamiento de Antigua y la Asociación de Empresarios de Caleta de Fuste y Antigua, AECA rechazan enérgicamente la decisión de alojar inmigrantes en hoteles o complejos turísticos en Caleta de Fuste.
Es una vergüenza por parte del Delegado del Gobierno en Fuerteventura, no haber dado aviso alguno sobre este alojamiento completamente irregular y que acepte sin rechistar la imposición de decisiones del Estado, que ponen en riesgo la economía de una localidad turística de la que dependen cientos de puestos de trabajo.
Gestionar la crisis migratoria con decisiones impuestas, sin previo aviso ni consenso con las administraciones locales es un completo error, afirma el alcalde de Antigua Matías Peña.
Es un maltrato del Estado a este Municipio que nos impongan, el alojamiento de inmigrantes en hoteles turísticos, precisamente cuando el 17 de mayo comienzan a llegar los primeros turistas británicos con reservas en Caleta de Fuste y en la isla, y añade el alcalde Matías Peña, la solución a la crisis migratoria no puede pasar de ninguna manera por poner en riesgo la economía y apertura al turismo de localidades principales como es Caleta de Fuste.
Alojar los inmigrantes llegados a Fuerteventura en pleno centro de la principal localidad turística del municipio y destino principal de Fuerteventura, es un ataque directo del Estado a la línea de flotación de una economía que depende directamente del sector turístico, afirma Matías Peña, poniendo en riesgo cientos de empleos, empresas y comercios relacionados.
Si quisieran hacernos más daño, no podrían, afirma Francisco Ufano, presidente de Aeca, es intolerable que después de sobrevivir a una crisis económica arrastrada durante más de un año y medio, sea ahora, cuando comenzamos a recibir turismo internacional, el momento elegido por el Estado para imponernos estos alojamientos en pleno centro de la localidad turística.
NOS SOLIDARIZAMOS CON LA MIGRACIÓN LLEGADA A CANARIAS Y FUERTEVENTURA, concluye el alcalde, se merecen todo el respeto y la dignidad que no les da la Administración del Estado, desde donde insisten en convertir el archipiélago en un recinto cerrado para sus expectativas, sin dedicar a esta crisis migratoria ni el presupuesto, ni los espacios y ni la logística necesaria que les garantice sus derechos humanos, sin que ello suponga, arriesgar la economía y los miles de puestos de trabajo que acogen localidades turísticas como Caleta de Fuste.