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El Efequén solicita desbloquear el catálogo patrimonial de La Oliva tras más de dos años de espera

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La Asociación Patrimonial El Efequén reclama al Ayuntamiento de La Oliva que dé prioridad al Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales y establezca un calendario para completar los trámites pendientes hasta su aprobación definitiva. El documento recibió la aprobación inicial el 25 de julio de 2024, pero, más de dos años después, el municipio sigue sin culminar una herramienta esencial para proteger su arquitectura tradicional y su patrimonio cultural. El Efequén solicita desbloquear el catálogo patrimonial de La Oliva tras más de dos años de espera

La asociación denuncia que las alegaciones presentadas continúan sin respuesta. Quienes han dedicado tiempo a estudiar el documento y formular propuestas merecen conocer cómo se han valorado sus aportaciones y qué modificaciones se han incorporado. La apertura de un periodo de información pública obliga al Ayuntamiento a estudiar las alegaciones y motivar sus decisiones. El silencio posterior desincentiva la participación ciudadana y mantiene sin aclarar cuestiones relevantes para la protección de los bienes.

La demora tiene consecuencias sobre el territorio que, en algunos casos, pueden ser nefastas. Este vacío de protección puede facilitar modificaciones o destrucciones irreversibles del patrimonio por parte de quienes carecen de conciencia patrimonial. Ejemplo de ello son las intervenciones que se están llevando a cabo en los aljibes comunales de Cho Julián, modificando sus escorrentias.

El catálogo identifica los elementos que deben conservarse, establece su grado de protección y determina las intervenciones permitidas. Es el instrumento que permite saber cómo y qué debe preservarse al rehabilitar una vivienda o plantear una actuación urbanística. Su falta de aprobación definitiva prolonga la incertidumbre de los propietarios y dificulta la conservación adecuada de los bienes al no disponer de reglas claras.

El propio Gobierno municipal reconoció la importancia de esta herramienta al anunciar su aprobación inicial en julio de 2024. El alcalde, Isaí Blanco, vinculó entonces la conservación del patrimonio con la identidad del municipio, mientras que el concejal de Patrimonio Histórico, David Hernández, defendió la necesidad del catálogo ante el crecimiento urbanístico. El Efequén comparte ese diagnóstico y reclama que el Ayuntamiento actúe en consecuencia.

En mayo de 2026, Hernández explicó públicamente que unas modificaciones sustanciales obligaban a repetir la aprobación inicial y que se estaba a la espera de recibir el documento actualizado de la empresa redactora. También manifestó su confianza en culminar el expediente durante la legislatura. Desde entonces han transcurrido varios meses y la ciudadanía necesita saber qué se ha hecho, qué trámites quedan pendientes y cuándo se resolverá el procedimiento.

El tiempo transcurrido exige, además, una explicación jurídica. El artículo 54.4 de la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias, establece un plazo máximo de doce meses desde el inicio del procedimiento para resolver y notificar la aprobación del catálogo. La norma contempla la suspensión del plazo por la solicitud del informe preceptivo favorable del Cabildo, limitada a un máximo de tres meses, periodo que, según la información disponible, ya habría transcurrido.

Por ello, El Efequén reclama una justificación documentada sobre la diferencia entre el plazo previsto y los más de dos años transcurridos desde la aprobación inicial. El Consistorio debe publicar un calendario que concrete las fechas previstas para recibir el documento actualizado, informar sobre las alegaciones y responderlas de forma motivada, completar los informes preceptivos y elevar el catálogo al Pleno. Todo ello es necesario para culminar el procedimiento con garantías y evitar que la demora comprometa tanto el trabajo realizado como el dinero público invertido.

Además es imprescindible que el Ayuntamiento aclare qué medidas de protección permanecen vigentes y cuáles deben adoptarse mientras concluye el procedimiento. La tramitación del catálogo debe acompañarse de vigilancia sobre los bienes en riesgo y de actuaciones de conservación cuando proceda. La espera administrativa no puede convertirse en una oportunidad para que se pierdan precisamente los valores que el documento pretende preservar.

La comparación con Puerto del Rosario resulta significativa. La capital aprobó inicialmente su catálogo el 19 de mayo de 2025, casi diez meses después que La Oliva, y ya ha alcanzado la aprobación definitiva, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 9 de octubre de 2026. Aunque cada expediente tiene sus particularidades, esta diferencia refuerza la necesidad de explicar los retrasos del municipio norteño y adoptar medidas para superarlos.

El Gobierno municipal debe culminar la aprobación definitiva con urgencia y convertirla en una prioridad de su gestión política. Que La Oliva siga sin disponer de un catálogo arquitectónico aprobado definitivamente en 2026 supone un retraso de cuatro años respecto al plazo establecido en la disposición transitoria sexta de la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias, que fijaba un máximo de tres años desde la entrada en vigor de la norma para la elaboración de los catálogos municipales.

El patrimonio vernáculo de La Oliva y los elementos arquitectónicos que conservan la historia majorera necesitan decisiones a tiempo. Cuando uno de estos bienes desaparece, su protección posterior pierde toda utilidad.

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