El Partido Popular de Puerto del Rosario advierte de que la aprobación definitiva del Catálogo Municipal de Protección,
sin haber ejecutado previamente la sentencia que afecta a los inmuebles de La Cornisa, lejos de resolver la situación de este ámbito, puede abrir un nuevo escenario de incertidumbre jurídica. «La Cornisa ha quedado judicializada, no protegida», sostienen los populares, que cuestionan las condiciones en las que el gobierno municipal ha culminado la tramitación de un documento de especial trascendencia para el patrimonio de la capital.

El Grupo Popular considera una irresponsabilidad que el alcalde y su gobierno hayan recurrido a un pleno urgente y extraordinario para aprobar definitivamente el Catálogo sin despejar previamente dos cuestiones que consideran fundamentales: las garantías jurídicas de la inclusión de los inmuebles de La Cornisa y las consecuencias económicas que la catalogación tendrá para los propietarios afectados y para el propio municipio.

Durante el debate plenario, la concejala del Partido Popular Clara Peña, encargada de defender la posición de la formación, incidió en que «la urgencia no protege el patrimonio; lo protege el cumplimiento de la ley. No estamos cuestionando la necesidad de contar con un Catálogo Municipal de Protección. Lo que exigimos es que se apruebe con todas las garantías, porque queremos un Catálogo seguro, duradero y justo».

Un cambio de criterio sin ejecutar la sentencia de La Cornisa Los populares recuerdan que, durante la tramitación del documento, los informes jurídicos municipales habían señalado la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación para dar cumplimiento a la sentencia que afecta a los inmuebles de La Cornisa. Este criterio quedó reflejado en los plenos de mayo y julio de 2025, cuando se advirtió de que continuar la tramitación sin resolver previamente esta cuestión podía comprometer la validez del Catálogo.

Sin embargo, en el pleno extraordinario de marzo de 2026, el gobierno municipal cambió de criterio e incorporó los inmuebles de La Cornisa sin haber ejecutado previamente la sentencia y sin que, según denuncia el PP, constara un informe jurídico específico del departamento de Planeamiento que justificara esta decisión.

«Si los propios informes municipales advertían de la necesidad de modificar el Plan General para cumplir una sentencia, el alcalde tiene que explicar por qué decidió cambiar de criterio y qué respaldo jurídico tiene esa decisión. No basta con aprobar el documento deprisa y dar por resuelto un problema que sigue pendiente», señalaron los populares.

El PP destaca, además, que el informe técnico incorporado al expediente para la aprobación definitiva remite expresamente a la correspondiente valoración jurídica sobre la inclusión de los 16 inmuebles de La Cornisa. Para la formación, esta circunstancia refuerza la necesidad de contar con un pronunciamiento jurídico específico antes de culminar la aprobación.

Desde el Grupo Popular advierten de que la ausencia de estas garantías podría dar lugar a nuevas controversias judiciales, posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento o incluso a que se cuestione la validez del propio Catálogo.

¿Cuánto costará el Catálogo a los vecinos y al municipio?

La segunda gran preocupación del Partido Popular se centra en el alcance económico del documento. La formación considera insuficiente el informe incorporado al expediente porque, según denuncia, no existe una valoración económica individualizada, finca por finca, que permita conocer el coste que las obligaciones de protección pueden suponer para los propietarios afectados.

«El Ayuntamiento ha aprobado un documento de enorme trascendencia sin conocer con precisión cuánto costará a los propietarios y al propio municipio. No existe una valoración económica finca por finca y, por tanto, no se ha cuantificado de manera exhaustiva el alcance económico de esta decisión», advierten los populares.

El PP insiste en que la protección del patrimonio debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de las obligaciones que se imponen a quienes poseen los inmuebles catalogados. «Proteger el patrimonio también exige proteger a quienes deberán conservarlo. No podemos trasladar obligaciones a los vecinos sin conocer previamente su alcance económico ni ofrecerles la seguridad jurídica que necesitan»,
sostienen desde el Grupo Popular.

Para la formación, ambas cuestiones están estrechamente relacionadas: un Catálogo que nace con dudas jurídicas y sin una valoración económica completa puede terminar generando nuevos problemas tanto para los propietarios como para la administración municipal.

Por ello, el Partido Popular reclama al alcalde que explique el cambio de criterio respecto a La Cornisa, aclare las garantías jurídicas que respaldan la inclusión de sus inmuebles y aporte una evaluación económica rigurosa de las consecuencias de la catalogación.