El Ayuntamiento de Arico se ha convertido en la primera institución municipal en poner freno a las eólicas. El consistorio del municipio tinerfeño llevó la construcción de un parque eólico a los tribunales al valorar que el Gobierno de Canarias no había notificado al Ayuntamiento la modificación de la instalación.

Esta falta de remisión por parte del Gobierno autonómico está recogida en la Ley 11/1997 de regulación del sector eléctrico canario. El documento fija que la administración local debe ser informada para establecer si el proyecto se adecúa al planeamiento vigente.

Con la orden en la mesa, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias concluyó que el Ejecutivo regional omitió un trámite esencial y declaró la nulidad de la modificación, ordenando retrotraer el expediente de construcción al inicio.

En este punto nos podemos preguntar por qué no se han llevado a cabo estos recursos en los distintos ayuntamientos de Fuerteventura.

Aquí pueden ver la mesa redonda que tuvo lugar en El Magacín de esta casa sobre energías renovables y su impacto en Fuerteventura: