El Consejo de Ministros ha aprobado una subvención de 30 millones de euros destinada a luchar contra la pobreza y financiar las prestaciones básicas de servicios sociales en Canarias, informa el Ministerio de Derechos Sociales.
Desde 2021, y contando con esta nueva cuantía, se ha destinado un total de 95 millones a la región insular para este fin.
La ayuda se destina a políticas para paliar la pobreza, en particular la infantil, con el refuerzo de las prestaciones, incluidas la información y orientación para el acceso a recursos, prestaciones económicas.
Asimismo, a cofinanciar la renta mínima autonómica (Prestación Canaria de Inserción o PCI) y la renta ciudadana; mejorar las oportunidades formativas y de inserción laboral de la población joven a través del desarrollo de escuelas de segunda oportunidad y facilitar el acceso a las prestaciones económicas, en particular a las rentas mínimas, sean estas el IMV del Estado o la PCI autonómica, a través de refuerzo de la información y la orientación.
También se podrán reforzar las ayudas y prestaciones económicas destinadas a cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, educativas, culturales, salud bucodental, y los ingresos de aquellas personas y unidades de convivencia beneficiarias de prestaciones económicas insuficientes o por debajo del umbral de la pobreza.
Igualmente, se impulsarán programas de atención al sinhogarismo o se desarrollarán proyectos de vivienda intergeneracionales compartidas, favoreciendo el acceso a la vivienda del colectivo joven y luchando contra la soledad no deseada de las personas mayores.
También se dispondrá de fondos para reforzar el sistema de atención a la dependencia, los programas de atención a colectivos vulnerables especialmente afectados por situaciones de pobreza, familias monomarentales, mujeres víctimas de violencia de género, población gitana, colectivo LGTBI, y otros.
Se podrán desarrollar programas destinados a ofrecer alojamiento, comedor social, entregas de alimentos y otros bienes de primera necesidad (vestidos y productos de higiene) y programas destinados a atender las situaciones de vulnerabilidad social de la población inmigrante, incluyendo la atención de menores extranjeros no acompañados, así como programas destinados a promover la convivencia intercultural, especialmente en zonas de alta exclusión social, entre otras actuaciones.