“Somos conscientes de que para alcanzar la normalidad que anhelamos es necesario poner en marcha medidas para que las y los trabajadores acudan a su lugar de trabajo con garantía de que la  conciliación laboral y familiar sea una realidad. Si algo tenemos claro es que sin conciliación, no es posible la reconstrucción económica y social”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tras la reunión celebrada con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, en el marco del Comité de Emergencia Social para abordar posibles medidas dirigidas a facilitar la conciliación laboral y familiar en Canarias.
“La actual situación de alarma sanitaria ha dejado patente la necesidad, más que nunca, de contar con medidas que faciliten y promocionen la conciliación entre la atención a la familia y las responsabilidades laborales”, explicó Santana, quien indicó que la reunión celebrada supone “la primera referente a las medidas de conciliación que desde la administraciones públicas tenemos que poner en marcha para la reconstrucción social y económica de Canarias”. En este sentido, avanzó que en próximos encuentros se invitarán a otras áreas de vital importancia como Función Pública para ir acordando medidas que desde lo público den ejemplo en el sector privado.
Por su parte, la consejera del área de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, aseguró que “es importante que avancemos y tomemos medidas para conciliar vida laboral y familiar,  partiendo desde la misma Administración, especialmente en un ámbito que afecta sobre todo a las mujeres porque sabemos que somos precisamente las mujeres las que, cuando estamos en alguna situación de crisis, las que abandonamos el mercado laboral para asumir los cuidados familiares”. “No podemos dejar atrás a más de la mitad de la población que somos las mujeres”, concluyó.
Posibles medidas presentadas para garantizar la conciliación laboral y familiar
A este respecto, en el marco de la reunión del Comité de Gestión Social se plantearon un conjunto de medidas para el sector público dirigidas, por un lado, a favorecer la flexibilidad horaria y buscar nuevas fórmulas de control del trabajo, como la apertura de los centros más allá del habitual horario en centros públicos de 8 a 15 horas.
Como segunda medida, el Comité abordó la posibilidad de implantar días de permiso de cuidados, con el fin de permitir al personal atender las necesidades del cuidado a menores o dependientes mientras dure la necesidad de que se trate, con una duración máxima de cuatro días al mes o sus horas correspondientes. En ningún caso estos días podrán ser acumulados y deberá de justificarse su necesidad de forma anticipada.
Y, como tercera medida, se plantea contar en los edificios públicos laborales con algunas dependencias, atendidas por profesionales del cuidado para tal efecto, en las que poder permanecer las y los menores en las mejores condiciones por el tiempo que resulte indispensable; sin interferir en el trabajo de sus progenitores ni tener que estar en un ambiente de mayores. Esta medida, sin ánimo de sustituir guarderías o colegios, generaría empleo y calidad en el empleo y estaría en consonancia con medidas adoptadas en este sentido por países de nuestro entorno.
ERTE para conciliar y cuidados
En el Comité de Gestión Social se abordó la posibilidad de trasladar al Estado que de los fondos públicos destinados a cubrir los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales se valore incorporar permisos de conciliación retribuidos.
Esta medida planteada desde la viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias propone, así, que el sector privado no soporte en solitario la necesidad de conciliación social que vivimos.
Asimismo, también se abordó la necesidad de ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 12 meses, con posibilidad de prorrogarlo en el caso de que el le educación de 0 a 6 años no se normalice.