Montero deja Dependencia con 10.000 expedientes pendientes. El director General de Dependencia ha dimitido «por razones personales». Para sustituir a Miguel Montero, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha apostado por la socialista Marta Arocha. La nueva directora, ya dirigió este área en la legislatura anterior con Patricia Hernández como Consejera y vicepresidenta del Gobierno.

La salida de Montero viene en medio de las críticas a la gestión del departamento en Canarias. Concretamente, las últimas llegaron desde el Consejo Económico y Social (CES) donde apuntaban que, lejos de mejorar la situación, está empeorando. Por este motivo, el organismo reclama una mayor eficiencia en la gestión de estos recursos.

Montero deja la Dirección General con 26.236 dependientes recibiendo sus prestaciones, casi 1.300 más que en enero y 36.134 personas con el derecho reconocido a recibir una prestación, casi 3.100 más que hace diez meses, según los datos correspondientes al mes de octubre publicados por el Imserso.

A pesar de estos avances, aún quedan en el sistema casi 10.000 personas que tienen derecho a recibir una prestación por dependencia y cuentan con un plan de atención individualizado pero no la reciben. En agosto de 2019, cuando el actual equipo llegó a la Consejería, había 22.699 beneficiarios del sistema.

Montero deja Dependencia con 10.000 expedientes pendientes y su sustituta, Marta Arocha fue directora general de Dependencia en 2016 al ocupar la plaza de Alicia Álvarez y antes había ejercido como secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Hasta la ruptura del pacto entre PSOE y CC.

En esta etapa consiguió que La Dirección General de Dependencia y Discapacidad diera de alta en el sistema 3.448 nuevas nóminas, una cifra consideraba muy buena por la actual consejera y una de las razones por las que Noemí Santana acudió a ella para ocupar esa plaza dentro del equipo de Derechos Sociales. Durante su gestión, una de las primeras medidas que puso en marcha estuvieron encaminadas a acabar con la lista de espera en la atención a los menores y cerró 2016 con un 99,6% en la ejecución del presupuesto.