La familia de Pascuala Roger Pérez ha dirigido un escrito a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, solicitando una investigación formal sobre el dispositivo desplegado el pasado 21 de septiembre en Cueva de la Negra.

La familia exige conocer quién fijó la fecha, quién ordenó y autorizó la actuación, quién verificó previamente el cumplimiento del Auto judicial y qué instrucciones recibieron los distintos organismos y servicios movilizados.

El Auto de 28 de julio autorizaba la entrada, demolición y reposición del terreno, pero establecía condiciones expresas: la actuación debía desarrollarse en horas diurnas, con un preaviso de AL MENOS CINCO DÍAS y con obligación de dar cuenta al Juzgado de la entrada y de cualquier incidencia producida. La familia pide determinar cómo se computó y acreditó ese preaviso y quién consideró cumplidas íntegramente las condiciones judiciales.

El 21 de septiembre se produjo un importante despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios públicos, personal de la Demarcación de Costas y personal de TRAGSA, personándose en el lugar el propio Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Alberto Martín Coronel, como máximo responsable de dicho órgano presente durante la actuación.

El escrito solicita igualmente investigar la intervención de la Dirección General de la Costa y el Mar, dirigida por Ana María Oñoro Valenciano; la Delegación del Gobierno en Canarias, encabezada por Anselmo Pestana; y la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, dirigida por María Jesús de la Cruz Montserrat.

También se pide aclarar qué actuación concreta pretendía ejecutarse bajo el término “inhabilitación” de la vivienda, ya que la parte dispositiva del Auto judicial autoriza expresamente la entrada, demolición y reposición del terreno, pero no recoge específicamente una actuación autónoma con esa denominación.

La familia recuerda además el precedente del 26 de agosto, cuando se desplazaron medios y maquinaria para ejecutar la demolición pese a encontrarse vigentes medidas cautelares adoptadas por el Cabildo Insular de Fuerteventura.

El escrito solicita preservar órdenes, correos electrónicos, comunicaciones internas, partes de servicio e instrucciones operativas para reconstruir la cadena de decisión, mando y ejecución y, si se apreciaran incumplimientos, depurar las responsabilidades que legalmente procedan.

La familia Roger manifiesta finalmente que se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que estén a su alcance para la defensa de sus derechos y para exigir las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.