La familia de la Cueva de la Negra ha denunciado la activación este pasado lunes de “un amplio dispositivo policial” para una actuación que finalmente no pudo ejecutarse al no haberse cumplido el plazo de preaviso de “al menos cinco días” establecido judicialmente, una situación que asegura que provocó “un enorme estrés emocional” a sus integrantes.

En un comunicado, la familia exige explicaciones a la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura y a la Delegación del Gobierno en Canarias por la activación del operativo.

Según señala, el dispositivo estuvo integrado principalmente por efectivos de la Guardia Civil y contó también con la presencia de varios agentes de la Policía Local.

La familia considera “inadmisible” que se movilizaran “numerosos efectivos y recursos públicos” sin haber comprobado previamente “un requisito tan elemental como el correcto cómputo de los días exigidos por el propio Juzgado”.

Asimismo, sostiene que se produjo “un despliegue desproporcionado de medios policiales y recursos públicos” para una actuación cuya “viabilidad jurídica y temporal debía haberse comprobado antes de activar el operativo”.

El comunicado afirma que la situación sometió a toda la familia a “un enorme estrés emocional” y, “de manera especialmente grave”, a doña Pascuala Roger.

Considera “inadmisible” que se movilizaran numerosos efectivos y recursos públicos sin comprobar previamente el correcto cómputo de los plazos fijados por el Juzgado

Según la familia, Roger tuvo que ser atendida durante toda la actuación por “la única ambulancia no medicalizada que había sido activada”.

Esa misma ambulancia, añade, tuvo posteriormente que realizar una segunda asistencia a otra persona.

La familia sostiene que la Dirección Insular disponía del auto judicial y había recibido la comunicación de la Demarcación de Costas, por lo que existían “una resolución judicial, unas fechas concretas y un plazo expreso que debía haberse verificado antes de activar el dispositivo”.

Por ello, exige conocer “quién solicitó el operativo, quién autorizó o coordinó su activación, quién comprobó el cumplimiento de los plazos y qué valoración jurídica se realizó antes de movilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

“No estamos ante una cuestión menor ni ante un simple trámite administrativo. Se movilizó un amplio dispositivo policial para una actuación que ese día no podía ejecutarse”, afirma la familia.

El comunicado añade que “cuando se pretende entrar, desalojar o precintar una vivienda, comprobar previamente que se cumplen las condiciones establecidas por un juez no es opcional”.

La familia solicita además que “se esclarezca toda la cadena de decisiones” y que “se depuren las responsabilidades que correspondan” por haber activado, según sostiene, un operativo de esa magnitud sin verificar previamente el cumplimiento de las condiciones judiciales exigidas.

“La Administración no puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento estricto de la ley y, al mismo tiempo, ignorar los plazos que un juez ha impuesto a su propia actuación”, concluye el comunicado.