Según informa Fuerteventura Ahora, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al funcionario del Cabildo de Fuerteventura Casto Berriel Martínez a una pena de 4 años y 7 meses de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y de falsedad en documento público, en concurso con otro de prevaricación, por las subvenciones que repartió al frente de la jefatura del servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca de aquella Corporación entre los años 2000 y 2013. Berriel ha sido condenado también a una multa total de 7.800 euros por esos mismos delitos más el de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, lo que le acarreará también la pérdida de cualquier empleo o cargo público en el Cabildo de Fuerteventura por un tiempo total, sumadas todas las condenas, de seis años y cinco meses.
Los hechos objeto de esta condena se refieren al reparto de subvenciones para varias agrupaciones de defensa sanitaria ganadera desde la Unidad de Agricultura del Cabildo Majorera. Al tiempo que era el responsable del reparto de esas ayudas, Berriel ejercía de administrador único de las empresas Microtón Fuerteventura, a la que sucedió a partir el de 2012 Servicios Agrarios Capraria, ambas incluidas por él como beneficiarias hasta un montante de 300.000 euros de dinero público.
Además de las ayudas por defensa sanitaria ganadera, el ahora condenado le concedió a su propia empresa una subvención para la compra de un tractor por importe de 10.150 euros. Pidió la subvención el 20 de diciembre de 2012, que fue exactamente el mismo día en que su propio sobrino Rafael Berriel, también condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas, presentó la factura justificativa de la compra. Sin embargo, el tractor nunca llegó a comprarse, para lo cual fue necesaria la falsificación de documentos mercantiles y oficiales, la causa por la que se impone al funcionario una pena de más de cuatro años de prisión.
Además de Casto Berriel, hay otras dos personas condenadas por esta causa: su sobrino Rafael Berriel Fuentes a tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el Cabildo de Fuerteventura por un delito de prevaricación; y José Jesús García Sánchez, administrador de Rudán Suministros Industriales, a seis meses de prisión y otros seis de multa (3.000 euros) por falsedad en documento mercantil.
Han quedado absueltos María del Pino Calcines, Blanca Lidia Chacón Gutiérrez y Rubén Curbelo Carreño, presidentes respectivamente de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera Teberite, Tajorase y Tinea, que recibieron subvenciones gestionadas por el principal acusado.
La investigación de esta causa corrió a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Las Palmas, cuyos agentes tuvieron que revisar y cotejar centenares de documentos y expedientes administrativos de hasta quince años atrás custodiados en el Cabildo.