“Solo se permitirá el acceso a los datos a los profesionales sanitarios y a las autoridades competentes autorizadas”, han apuntado.
Los datos personales serán conservados durante el tiempo que perdure la crisis sanitaria y, una vez finalizada, serán agregados de forma anónima para tratarlos con fines estadísticos, de investigación o de planteamiento de políticas públicas, durante un período máximo de dos años.
Esta aplicación, en ningún caso, constituye un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos, han puntualizado las fuentes.
La aplicación oficial permitirá disponer de datos unificados y homogéneos, contribuyendo con ello a la gestión de la epidemia a nivel nacional.
El Gobierno tiene previsto, además, liberar el código fuente para que otros organismos oficiales puedan implementar sus propias versiones de la aplicación, adaptando la herramienta a su protocolo sanitario de autoevaluación y triaje, según las fuentes.
Esto contribuirá a garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades poniendo la tecnología al servicio del conjunto de la sociedad.
“Hemos recibido ya interés en su utilización por parte de organizaciones internacionales que buscan adaptar la aplicación a su ámbito local con los que ya estamos trabajando para lograr ese objetivo”, ha afirmado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.
En el desarrollo de esta aplicación, han trabajado compañías como CARTO, ForceManager y Mendesaltaren, con el apoyo y colaboración de Telefónica, Ferrovial, Google y Santander, que han cedido equipos y capacidades para desarrollar estas soluciones.
Además, para su desarrollo, se ha contado también con la ayuda de expertos en derecho, ética, programación, aplicaciones móviles y salud.