El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo exige a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que respete las competencias exclusivas de Canarias sobre el futuro del hotel Oliva Beach de Fuerteventura.

El portavoz de los nacionalistas progresistas pedirá el apoyo de los grupos de la Cámara Baja para que la Administración del Estado desista de la revisión de la concesión otorgada en 2003 al invadir las atribuciones exclusivas de la comunidad, recogidas en el Estatuto en vigor, y para que se proceda al traspaso efectivo de los medios correspondientes.

Quevedo denunció la estrategia de este departamento ministerial y, en especial de la Demarcación de Costas en Las Palmas, destinada a “torpedear” cualquier proyecto de generación de riqueza propuesto en las costas del Archipiélago.

Pedro Quevedo, a través de una proposición no de ley que se votará en pleno y dos preguntas dirigidas a Teresa Ribera para su respuesta por escrito, ha elevado este conflicto competencial a la consideración de todo el arco parlamentario del Congreso al entender que la Administración del Estado, desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto en noviembre de 2018, no es competente para decidir sobre el futuro de esta concesión para la ocupación del dominio marítimo-terrestre, concedida hace 18 años.

El diputado de NC recordó que el nuevo Estatuto, en su artículo 157 b, atribuye a Canarias la competencia exclusiva, en materia de ordenación del litoral, sobre “la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición”.

Pese a las movilizaciones de los trabajadores de los que dependen 400 familias, a la reclamación unánime del Parlamento de Canarias para que el Gobierno de Pedro Sánchez archivara la revisión de oficio de la concesión también por la existencia de un informe de la Abogacía del Estado de febrero de 2020 y de las alegaciones del Cabildo; Pedro Quevedo reclamó a Ribera que esclarezca las razones por las que decidió abrir el expediente para decidir sobre el futuro de la citada concesión.

Denunció que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, especialmente a través de la Demarcación de Costas en Las Palmas, se haya dedicado a “invadir” las atribuciones exclusivas de la comunidad y que aún no haya hecho efectivo el traspaso de los medios correspondientes.

Quevedo censuró los intentos de “torpedear” cualquier proyecto de generación de riqueza que se proponga en las costas del Archipiélago. A modo de ejemplo detalló la “nefasta” gestión de los chiringuitos de la playa de Maspalomas, en Gran Canaria, y el “bloqueo permanente e injustificado” del proyecto de reforma del hotel Oliva Beach. Una forma de proceder que se agrava, subrayó, con la actual crisis pandémica que “ha asolado dramáticamente” la economía canaria.

El portavoz de NC en el Congreso defendió que la gestión canaria de estas autorizaciones del dominio público marítimo terrestre en el litoral es además una “herramienta fundamental que necesita ejercitar” la comunidad para “impulsar” el turismo y “evitar” que la actual situación “dañe aún más” al empleo y a las empresas.

Por estas razones, el parlamentario de NC pedirá el apoyo del Congreso para que el Ejecutivo estatal transfiera a Canarias los medios para ejercer las potestades exclusivas atribuidas en el artículo 157 del Estatuto, para que “cese en la invasión” competencial y “se abstenga de iniciar o continuar” tramitando expedientes administrativos “oliva”.